La pieza judicial correspondiente a los bloques de apartamentos ilegales de Monport se convirtió en el símbolo de lo que, a partir de finales de 2006, se dio a conocer como el ‘caso Andratx’. Tras su estallido fueron procesados el alcalde Hidalgo y sus asesores urbanísticos. | M. À. Cañellas

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El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Tarragona ha sacado a subasta los terrenos sobre los que se empezaron a edificar los ocho bloques de apartamentos ilegales en la urbanización de Monport (Port d’Andratx) cuya construcción, ejecutada en aproximadamente un 80 por ciento en base a una licencia urbanística otorgada de manera delictiva, fue paralizada en julio de 2007 y sobre la que, desde 2013, pesa una sentencia firme que condena al Ajuntament d’Andratx a demoler las edificaciones. La descripción del lote a subastar con un precio inicial de 30.000 euros, correspondiente al conjunto de parcelas de 11.618 metros cuadrados donde se asientan los bloques ilegales, deja meridianamente claro que se trata de «suelo no urbanizable».

En estas observaciones se informa a los potenciales pujadores que, si bien en el registro de la propiedad aún consta que la finca es un solar urbano sobre el que se han construido unas edificaciones divididas en propiedad horizontal, como consecuencia de la sentencia del Juzgado de lo Contencisoso–Administrativo número 1 de Palma, de fecha 18 de junio de 2013, «el terreno se considera rústico de especial protección, y no urbano, por lo que se declararon nulas todas la licencias de construcción sobre dicha finca». En consecuencia con lo anterior, los terrenos objeto de subasta lo constituyen «una finca rústica, o no urbanizable, que no tiene la condición de solar urbano». La descripción del lote también advierte a los ‘subasteros’ de que la mencionada sentencia de 2013 obliga al Ajuntament d’Andratx a derribar sin más demora las edificaciones y que sobre los terrenos consta una hipoteca a favor de la sociedad de gestión de activos SAREB.

Licencias

El 24 de septiembre de 2004, el Ajuntament d’Andratx, gobernado a la sazón por el alcalde Eugenio Hidalgo –luego condenado a cárcel por corrupción–, aprobó un proyecto básico de ocho edificios aislados de viviendas y piscinas en la calle Ramat, así como las licencias de ampliación y modificaciones posteriores relativas al alumbrado público e instalaciones eléctricas. En la mencionada licencia municipal, declarada posteriormente ilegal, figuraba inicialmente como promotor Joseph Ralph Hamilton. Aunque, debido a una transmisión del 2 de septiembre de 2005, pasó a figurar la empresa Prosmi SL, cuya sede social se encuentra radicada en la ciudad catalana de Tarragona, donde ahora el Juzgado de lo Mercantil número 1 de esta localidad tiene previsto subastar los terrenos objeto de las infracciones urbanísticas expuestas.