Dinero para construir viviendas sociales. Eso es lo que aprobó ayer el pleno del Ajuntament de Calvià mediante la petición de un préstamo bancario de 10,7 millones de euros para la construcción de 99 viviendas de protección oficial (VPO) en un solar propiedad municipal, situado en la calle Miguel de Unamuno de Santa Ponça. De ellas, 50 se ofertarán para la compraventa, 39 en régimen de alquiler y 10 en alquiler con opción de compra. Según explicó el teniente de alcalde de Urbanismo, Economía y Comercio, Marcos Pecos (PSOE), el crédito contraído con la entidad bancaria BBVA deberá ser devuelto en un plazo de 15 años y medio con otros dos y medio de carencia.
Según fuentes del departamento dirigido por Pecos, el contrato para la construcción de las 99 viviendas sociales en Santa Ponça sale a licitación por 14,3 millones de euros y está previsto que la promoción esté lista en un plazo de 26 meses a partir de la finalización del concurso de adjudicación pública iniciado el pasado 3 de septiembre. Una fecha que podría coincidir con la campaña electoral de las próximas elecciones municipales de 2023.
Las VPO que se crearán en Santa Ponça en una superficie edificable de 8.829 metros cuadrados, se distribuirán en cuatro bloques y habrá cinco viviendas de una sola habitación, 60 de dos, 30 de tres y 4 de cuatro habitaciones. Todas ellas tendrán que respetar la medidas medioambientales, de eficiencia energética y accesibilidad.
Asimismo, el proyecto deberá contar con 1.200 metros cuadrados de zona de aparcamiento en superficie y, como mínimo, un 25 por ciento tendrá que estar cubierto por placas fotovoltaicas con el objetivo de producir el máximo ahorro energético posible para los futuros usuarios de los pisos.
La promoción de vivienda social en Santa Ponça se pone en marcha a través de la Oficina Municipal de Vivienda y será financiada en su totalidad por el Ajuntament de Calvià. Con este proyecto de 99 VPO, Calvià se convierte en el primer municipio que, desde 2002, financia al 100 por cien una promoción de viviendas sociales. Actualmente, el mismo consistorio está ejecutando otro proyecto de VPO en Magaluf, este en colaboración con el Govern, que, en este caso concreto, afronta con su dinero la mitad del presupuesto.
La propuesta para la petición del préstamo de 10,7 millones de euros se aprobó en la sesión plenaria extraordinaria con el voto unánime de todos grupos políticos con representación en el cónclave municipal: PSOE, PP, UP-Més, Ciudadanos y Vox. Todos sus portavoces declinaron intervenir tras las explicaciones dadas por el teniente de alcalde de Urbanismo, Economía y Comercio.
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Tal vez sea una necesidad, pero es también una muestra del caos competencial, entre los ayuntamientos y el Govern (Ibavi).