Las empresas de perforación señalan que están en una situación límite, al no poder realizar trabajos sin las correspondientes autorizaciones, a la vez que deben seguir pagando las nóminas de su personal y las inversiones en maquinaria que hayan realizado. | Archivo

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La Asociación de Empresas y Profesionales de Perforaciones y Sondeos de las Illes Balears, que cuenta con ocho empresas de sa Pobla, se rebela contra la direcció general de Recursos Hídrics del Govern, organismo a quien acusa de llevar al sector a la quiebra desde 2015, por acumular más de 18 meses de retraso en la resolución de las solicitudes para realizar sus trabajos. El presidente de la entidad, Juan Carlos Rodríguez, señala que el sector ha alcanzado una situación límite - agravada por la crisis de la COVID-19 - y que están organizando una protesta ante la Conselleria de Medi Ambient.

«Ya evité una protesta hace meses pero nadie nos da soluciones. Estamos dispuestos a acudir con nuestras máquinas, ya que las tenemos paradas debido a que los expedientes se acumulan en los cajones de la administración mientras nosotros nos hundimos», apunta Rodríguez.

Situación límite

De las 12 empresas que forman este sector, 9 de ellas están en Mallorca (las 8 de sa Pobla y una en Llubí); en Menorca solo queda una y otras dos en Eivissa. «Incluso en las otras islas, sin tener competencia, no pueden trabajar por falta de autorizaciones del Govern; antes tardaban de 30 a 40 días, pero desde 2015, primero pasamos a tres meses y cada vez más retraso, hasta ahora que es año y medio, y mientras tenemos que pagar maquinaria y nóminas, o hacer despidos», señala.

El malestar del sector apunta a la directora general, Joana Maria Garau, «porque lleva desde 2015 dándonos las mismas excusas, la falta de personal y de medios, que los ingenieros no presentan bien los proyectos... pero la realidad es que nos aplican una moratoria encubierta para acabar con el sector», acusa Rodríguez. Pero lamentan también que «ni el conseller de Medi Ambient, Miquel Mir, ni su antecesor, Vicenç Vidal, han puesto remedio». En noviembre de 2017, los perforistas remitían una misiva al entonces conseller Vidal señalando que tenían 600 solicitudes sin resolver. En abril de 2020, Jaime Fernández, decano en Balears del colegio oficial de Ingenieros de Minas, planteó la situación en otra carta remitida al conseller. Y en mayo, la asociación se dirigía de nuevo a Mir alertando de que los retrasos se podían alargar a los dos años, agravados por la crisis de la COVID-19.

Según los datos que maneja la asociación, el sector se hunde y va camino a la desaparición. «Antes del gobierno del Pacte de Progrés había 15 empresas de perforación en Mallorca; a finales de 2019 quedaban 9 y en 2020, otras tres compañías han comunicado que cerrarán por no poder desarrollar su actividad». Los empresarios apuntan que no son los únicos perjudicados, sino que también se ven afectados los ingenieros de minas, técnicos, aquellos que necesitan el pozo para poner en marcha una explotación agrícola o un agroturismo. «Estamos ante el colapso de la administración y la muerte de nuestras empresas», sentencia Rodríguez, quien añade que «a los únicos que benefician es a los que trabajan de modo ilegal».

Medi Ambient admite el retraso y anuncia una reestructuración para agilizar trámites

Recursos Hídrics reconoce que acumula retraso en la resolución de expedientes. Garau achaca la situación «en parte a la falta de personal y porque la normativa es muy garantista». La Conselleria de Medi Ambient apunta que es consciente de la situación y que ha tomado medidas al respecto. «En las últimas semanas hemos incorporado dos personas más a este departamento y está previsto que se incorpore una tercera próximamente; además se

está trabajando en una reestructuración que permitirá agilizar la tramitación de expedientes», indica Medi Ambient. Desde el Govern apuntan que en el Decreto 3/2020 de medidas urgentes en materia de Vivienda, se introdujeron medidas para agilizar las tramitaciones que dependen de Recursos Hídrics. Este departamento recibe una media de mil solicitudes anuales, que deben pasar por una normativa de gran complejidad, entre ellas el Pla Hidrològic de 2019 o el anterior a éste si las solicitudes son anteriores a su entrada en vigor, en febrero del año pasado.