Alcúdia es, con 87 millones de euros, el municipio que más dinero acumula en el banco. Manacor tiene retenidos 36 millones, Calvià 8,3 millones. A finales de 2029, el remanente de los municipios de Baleares sumaba 555 millones, 327 millones más que en 2018.

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El Ministerio de Hacienda negocia con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un acuerdo para que los ayuntamientos presten al Estado todo el remanente económico que tienen inmovilizado en los bancos desde la aprobación de la llamada Ley Montoro.

A cambio del préstamo, en 2020 y 2021 Hacienda les devolvería a través de un ingreso no financiero de 5.000 millones de euros para que los municipios puedan invertirlos en la agenda urbana y de movilidad sostenible (oferta de vivienda de alquiler o construcción de carriles bici), política de cuidados para personas mayores y dependientes, ayuda a domicilio, teleasistencia y cultura. No recuperarían el total del préstamo hasta pasados 10 años.

Filtración

La agencia EFE filtró este miércoles los detalles del acuerdo citando a «fuentes del Gobierno», después de que el diputado de En Comú Podem Jaume Asens, cargara públicamente contra esta fórmula en el Congreso. Asens criticó que «los ayuntamientos se conviertan en el banco del Estado».

La filtración tiene en vilo a los alcaldes y alcaldesas de Balears que luchan desde hace años para que el Gobierno central derogue la llamada Ley Montoro que les impide gastar su remanente bancario para reactivar la economía, especialmente con la actual emergencia social. Los ayuntamientos de Balears tienen 555 millones de euros bloqueados en los bancos.

El presidente de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), Antoni Salas, dijo ayer que «de ser cierta la filtración estaríamos ante un préstamo encubierto, cuando lo que pedimos es la derogación o relajación de la regla de gasto para poder emplear nuestro remanente con autonomía».

Salas explicó que la FEMP le ha comunicado que la propuesta filtrada por la agencia EFE «no es el texto definitivo» y que el texto definitivo «tiene más en cuenta a los ayuntamientos», señala a la espera de ver el texto definitivo.

El problema es que ninguno de los alcaldes de las islas forma parte de la Comisión Ejecutiva de la FEMP que es la que negocia con Hacienda y la propuesta aún no se ha elevado al Comité Territorial del que sí son miembros además de Salas, el alcalde de Inca y la alcaldesa de Campos. «Quiero pensar que no es cierto y esperaremos a ver la propuesta definitiva; de ser cierto, es casi inaceptable», dijo Salas.

Por su parte el vicepresidente tercero de la FELIB y alcalde de Manacor, Miquel Oliver, aseguró que confía que este borrador se rectifique completamente. «Cada ayuntamiento tendría que poder disponer de su remanente como crea necesario. Al espolio fiscal que sufren las islas ahora se debería añadir el secuestro por parte del Estado de buena parte de sus ahorros municipales», denuncia Oliver. «No debería ocurrir que Montero sea peor que Montoro», sentenció.