Centro de Educación Especial Joan XXIII en Inca. | Maria Nadal

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La Junta directiva del centro Joan XXIII de Inca ha respondido este viernes a las movilizaciones de protesta convocadas este jueves, en un comunicado en el que niega «las acusaciones de falta de voluntad negociadora» y asegura que la subrogación es «la mejor alternativa» para «asegurar a los usuarios un buen servicio».

En el escrito, la Junta ha negado que el problema sea «no querer realizar un gasto económico que, según los convocantes, el Patronato está en condiciones de asumir» y también ha rechazado que no garantice los derechos de los trabajadores.

«Defendemos que la subrogación es la mejor alternativa en la actualidad para asegurar a los usuarios un buen servicio, con cobertura absoluta y la profesionalidad de una empresa especializada y de confianza», han remarcado.

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La Junta ha explicado que ofrecen servicios de transporte escolar y transporte asistencial, «que hasta la fecha se han realizado con vehículos y personal propio», pero la normativa establece que no pueden seguir operativos cuando superen los 18 años de antigüedad, un límite que alcanzarán este septiembre en lo que se refiere al transporte escolar de menores.

En este contexto, han señalado que «el vehículo debe estar adaptado al transporte de elementos de movilidad como sillas de ruedas», y ello «implica un coste añadido en el caso de compra». Por ello defienden la subrogación, que afecta a cinco trabajadores -un chófer y cuatro acompañantes-.

La Junta ha subrayado también que las nuevas condiciones laborales «implican el mantenimiento de la antigüedad, el salario y las condiciones en vigor, en el marco del convenio colectivo de centros y servicios de atención especializada y de centros educativos para personas con discapacidad».