Un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma ha declarado improcedente la liquidación de un contrato, la retención de una garantía de 215.900 euros y la reclamación de 23.700 euros por parte del Ajuntament de Calvià a una empresa de procesamiento de datos por no encontrar 700.000 recibos ya pagados, a pesar de que la compañía no disponía de acceso a los servidores del consistorio y por tanto, a los recibos desaparecidos.
En concreto, la sentencia declara «disconforme» a derecho y anula el acuerdo de la junta de gobierno de Calvià por el que se tomaba esta decisión y condena al Ajuntament a pagar las costas del procedimiento. La decisión no es firme y se puede recurrir.
Entre otros asuntos, la sentencia recoge que el Ajuntament justifica la no devolución de la garantía en que le «faltan unos 700.000 recibos», ya pagados pero ignora «aspectos de su tramitación», aunque la compañía, defendida por la letrada Rosa Roldan, no disponía de acceso a los servidores del Ajuntament, de modo que «se ignora la causa de tal desaparición».
De esta manera, el escrito establece que el Ajuntament de Calvià defiende argumentos que «no pueden tomarse como válidos para justificar la resolución impugnada» y que no está acreditada «la concurrencia de incumplimiento alguno» en la ejecución del contrato o en las obligaciones derivadas del mismo.
Asimismo, también se señala que el consistorio tampoco justifica la «decisión adoptada» y que se fundamenta en un informe de liquidación del contrato que «no se sustenta en pruebas o argumentos» que justifiquen las aseveraciones del Ajuntament.
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