Un juez paraliza la reversión de la propiedad de las casas del Pla de la Sínia de Portocolom

Fuentes de Ports de les Balears (órgano que depende del Govern), informaron que ahora la administración «dispone de tres días para aportar la documentación y argumentación oportuna que avale la actuación». Después, el magistrado decidirá si permite continuar con la actuación de reversión de la propiedad o no. De hecho, en el pleno del Parlament, Armengol recordó que la reversión estaba prevista según la ley de Costas de 1988 que indica que la concesión de propiedades ubicadas en la zona de dominio público deben revertirse al cabo 30 años. «Cumplimos con la ley», aseguró la presidenta.

Aún así, la diputada Olga Ballester denunció que el Govern «dejará sin hogar once familias para tener las casas cerradas» y pidió a la institución que «busque una solución para los afectados». La presidenta contestó que «las propiedades no quedarán cerradas. Se les dará un uso público», y añadió que «no se dejará a nadie en la calle, sino que se buscarán alternativas y medidas a través del Ibavi» para las familias que acrediten que pierden su primera vivienda.

Los vecinos afectados por la reversión de la propiedad recibieron una carta de Ports de les Balears a mediados del pasado mes de febrero mediante la que se les convocaba para el día 6 de marzo para «el acta de reversión al dominio público». Ante esta misiva, los vecinos de las casas y locales de la primera manzana de la calle Pescadors de Portocolom anunciaron que resistirían «hasta el final» e insistieron en que la concesión «era de perpetuidad pagando los cánones que nos decían». Una de las medidas de resistencia fue la de interponer un recurso que supieron este martes que «ha sido admitido a trámite contra la actuación de Ports de les Balears y se ha decretado provisionalmente la suspensión de la ejecución», según indicaron los afectados.

Ballester, además, recordó que los vecinos piden que «hasta que el Govern no tenga un plan de usos para estas viviendas, se les deje permanecer en sus casas». La presidenta contestó que «la ley de Costas prohíbe el uso habitacional en dominio público». El trámite previsto para este miércoles era el inicio del proceso de la reversión de las propiedades que se encuentran en dominio público. «Si los vecinos aceptaban, la reversión se hacía efectiva. Si por el contrario se oponían, se iniciaba el expediente y se levantaba un acta de la negativa. Para este miércoles no estaba previsto ningún desahucio», según indicaron las fuentes consultadas de Ports de les Balears.