Esta cifra resulta de la suma de las valoraciones de las 12 viviendas y 15 aparcamientos que conforman el bloque construido con una licencia declarada «nula» y parte del cual se debe demoler (tal como establece una sentencia judicial) en la calle Pere Rosselló i Oliver.
La juez señala en la interlocutoria que en el procedimiento que ella conduce no se determinará quién está obligado a efectuar los pagos de las posibles indemnizaciones. «Esto será objeto, si procede, de otro pleito –añade la magistrada–. Tampoco es la vía para determinar ni reconocer quién tiene derecho a las indemnizaciones. Solo cabe, pues, fijar una cantidad como garantía que deberá prestar el Ajuntament en tanto que las indemnizaciones derivan de la declaración de la nulidad de una licencia concedida por él, y sin perjuicio de que en otro pleito se señale a otras personas como responsables de los daños y perjuicios que la demolición producirá a los terceros de buena fe».
Fuentes judiciales indicaron que el Ajuntament podrá presentar esta garantía mediante aval bancario o en efectivo.
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