Recuadrados en la imagen los terrenos de la urbanización Muleta II, situados sobre los de Muleta I, ya construidos. | GRUPO SERRA

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El Govern se enfrenta al pago de una indemnización de 65 millones de euros (44 más intereses) por incumplir el acuerdo, avalado por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), alcanzado en 2013 con el propio Ejecutivo de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) para devolver a los terrenos de la urbanización de Muleta II su carácter urbano. Todo después de que el segundo gobierno de Pacte, en el año 2008, hubiera desclasificado las parcelas convirtiéndolas de un día para otro en suelo rústico protegido.

El abogado Miguel Ramis de Ayreflor, representante legal de la sociedad titular de los terrenos, Birdie Son Vida SL, propiedad del empresario Matthias Kühn, registró el pasado 28 de diciembre en la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat una reclamación de responsabilidad patrimonial por la desclasificación de Muleta II (urbanización que, desde hace décadas, cuenta con todos los servicios básicos) operada por la Ley 12/2017 aprobada por el actual Govern de la comunidad autónoma.

Este cambio legal ha hecho saltar por los aires el acuerdo transaccional entre el Govern y Birdie Son Vida SL, aprobado y homologado judicialmente por el TSJB en julio de 2013 mediante un auto que, según Ramis de Ayreflor, dice literalmente en su Antecedente de Hecho número quinto que los terrenos comprendidos en la urbanización Muleta II constituye suelo urbano a los efectos de la Ley 7/2012, ya que cumplen con todos requisitos requeridos por la misma. Un auto que, además, añadía que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sóller debía ser modificado y el carácter urbano de Muleta II incorporado al mismo mediante tramitación ordinaria. Sin embargo, el carácter urbano acreditado por el TSJB tras el acuerdo entre el Govern y Birdie Son Vida SL nunca llegó a llevarse a cabo.

Aunque la sociedad de Kühn acudió a la vía judicial para conseguir el cumplimiento de lo acordado, la inactividad mostrada por el Consistorio a la hora de tramitar el cambio del PGOU, dio tiempo al Ejecutivo autonómico para dejar en suspenso el precepto derivado de acuerdo transacciones entre el anterior Govern y la propiedad de Muleta II que fundamentaba el carácter de suelo urbano y, posteriormente, operar un cambio legal mediante la publicación de la mencionada Ley 12/2017 que, como en 2008, volvía a desclasificar las parcelas de la urbanización y cargaba de argumentos al Ajuntament para no afrontar la modificación del PGOU a la que instaba el TSJB.

De esta manera, el representante legal de Birdie Son Vida SL se ve obligado a reabrir la puerta a la reclamación de los daños patrimoniales sufridos tras la desclasificación de 2008. El abogado de Matthias Kühn recuerda que fue este escenario indemnizatorio ahora revisitado el que fundó el acuerdo transaccional de 2013, que perseguía evitar el mencionado pago millonario a costa de las arcas públicas.

Miguel Ramis d’Ayreflor sostiene que, en el caso de Muleta II, la Administración ha seguido un criterio errático: «Primero desclasificó Muleta en 2008, luego reconoció de nuevo en 2013 que era suelo urbano, para finalmente desclasificarla de nuevo el pasado año 2018. Estos vaivenes han perjudicado a Birdie Son Vida SL impidiendo a esta sociedad ejercer normalmente su actividad promotora», concluye el letrado.