El retrato de Joan March fue colgado en la sala de plenos junto a las de otros hijos ilustres. | Antoni Pol

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El alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, firmó este jueves un decreto que iniciará un expediente para revocar el título de hijo ilustre a Joan March i Ordinas. March es hijo ilustre de Santa Margalida desde 1956.

Monjo anunció que había firmado este decreto justo cuando estaba a punto de debatirse una moción de Suma, la coalición que agrupa a la izquierda vilera, que precisamente pedía que al amparo de la nueva ley de memoria histórica de Balears se dejara al controvertido financiero sin el título honorífico mencionado. El anuncio del alcalde sorprendió a la oposición, que ignoraba sus intenciones.

Justo después de anunciar que incoará el expediente, el alcalde consideró que la moción de Suma no tenía lugar y la hizo retirar del orden del día del pleno. La izquierda, en calidad de ponente de la iniciativa, protestó (su portavoz dijo que querían debatirla), pero Monjo se negó. Entonces se inició una discusión –incluso interpelaron a la secretaria: Monjo defendía que el pleno no tenía competencias para iniciar el expediente y Suma razonaba que el alcalde no podía quitar del orden del día su iniciativa sin su visto bueno– que el alcalde, utilizando un tono duro, imponiendo su autoridad y sin la aprobación de Suma, zanjó unilateralmente retirando el punto.

La izquierda insistió posteriormente y presentó la misma iniciativa sobre March «por la vía de urgencia», pero los votos en contra del PP, socios de gobierno de Monjo, y Convergència, partido del alcalde, impidieron que se pudiera debatir.

Al acabar el pleno, este periódico preguntó a Monjo los motivos por los que había firmado el decreto. Su respuesta fue: «No hago declaraciones sobre Joan March». No obstante, lo hizo –tal y como informó un regidor que lo había preguntado a la secretaria– que había iniciado el expediente revocatorio a raíz de lo establecido en la ley de memoria histórica de Balears.

Dicha ley establece que no las administraciones públicas deben «revisar e invalidar» todas las distinciones, nombramientos, títulos e honores institucionales a personas que participaron en el bando golpista o activamente en la represión durante la guerra civil. En este sentido, cabe recordar que uno de los motivos esgrimidos por el pleno que aquel 20 de noviembre de 1956 proclamó a Joan March hijo ilustre estaba su «contribución al glorioso Movimiento Nacional». March abonó los costes del Dragon Rapide, el avión que trasladó a Franco desde Las Palmas a Marruecos para que se pusiera al frente del Ejército de África.

Cabe recalcar asimismo que la ley autonómica prevé sancionar a los que «promueven distinciones o reconocimientos de personas que sustentaron el régimen dictatorial» y que el artículo 35 de la misma añade que serán responsables, como autores, las personas físicas o jurídicas que dolosamente realicen acciones contrarias a la ley. Es decir, que la ley prevé sancionar a los (incluidos regidores) que no la acaten.