El Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana creó la figura de las llamadas «zonas de exclusión».

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Biodiversitat acaba de dar luz verde a la propuesta de adaptación del planeamiento urbanístico de Pollença al Pla d’Ordenació de Recursos Naturals de la Serra (PORN) con la que el Ajuntament quiere recuperar el derecho público de paso por el Camí de Ternelles hasta Cala Castell, suspendido por orden judicial desde el pasado verano.

El TSJB suspendió la servidumbre pública a petición de la propiedad de Ternelles, al haber transcurrido más de un año sin que el Ajuntament completara la orden del Supremo de adaptar su normativa al PORN reconociendo las zonas de exclusión en las que por razones medioambientales está limitado el uso público.

Así, desde julio, el Ajuntament de Pollença no expide autorizaciones para los excursionistas que quieren transitar por el Camí de Ternelles. Los únicos excursionistas que acceden a Ternelles desde entonces deben recurrir al sistema de reservas de la Fundació Vida Silvestre Mediterrànea (FVSNM) que a través de un convenio con la propiedad programa visitas guiadas gratuitas sin entrar en las zonas de exclusión y por lo tanto sin posibilidad de visitar el Castell del Rei o Cala Castell.

El informe de Paratge Natural (dependiente de Biodiversitat) saca a la luz algunos detalles de la propuesta municipal que no habían trascendido hasta ahora.

Básicamente, el Ajuntament pelea para mantener la servidumbre hasta el mar recuperando el modelo aprobado por el Consell en 2006 en virtud del cual venía autorizando el paso «solo de viandantes» de un máximo de 20 personas al día (hasta 58 personas en el caso de grupos escolares o de investigación).

El Ajuntament solo contempla restringir el acceso al Castell del Rei «cuando se ponga en peligro la cría del buitre». Igualmente, «si los motivos de conservación de especies lo aconsejan, el Ajuntament podrá imponer nuevas restricciones con carácter temporal y debidamente justificadas»

El Ajuntament admite hacerse cargo de una «eventual indemnización a favor de la propiedad del camino por causa de la limitación del dominio que supone la declaración de la servidumbre de paso» y acepta compartir los gastos de conservación, mantenimiento y reparación del camino.

El Ajuntament plantea crear una comisión junto a la propiedad, el Govern, el Consell, la FVSM, el GOB y asociaciones excursionistas que analizaría dos veces al año la situación del camino y «si cabe, proponer cambios en la actual regulación».

A grandes rasgos Biodiversitat acepta la propuesta municipal con la salvedad de que se reserva la potestad de autorizar el acceso de personas a las zonas de exclusión, una cuestión que «se podría articular mediante la colaboración entre las dos administraciones implicadas».