El Ajuntament de Inca ha perdido el recurso judicial que interpuso contra la sentencia que le condenaba por un delito de desvío de poder por cesar al trabajador y representante de UGT, Salvador Crespí, sin seguir el procedimiento legal.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha dictaminado, en una sentencia de finales de octubre, que desestima el recurso y confirma la sentencia anterior que obliga a reincorporar a Crespí como coordinador de prevención de riesgos laborales y pagarle el plus de productividad que cobraba al mes (1.080 euros) desde que fue despedido en octubre de hace dos años. La cantidad ronda ahora los 26.000 euros. Además, la sentencia impone al Ajuntament los costas judiciales hasta un máximo de 500 euros.

El regidor de Personal, Sebastià Oriol, explicó este jueves que ahora el Ajuntament estudia la posibilidad de presentar un nuevo recurso, esta vez ante el Tribunal Supremo.

Oriol señaló que «seguimos pensando que políticamente se tomó la decisión adecuada porque ahora el área de prevención de riesgos laborales ha mejorado en todos los aspectos».