El PP cuestiona que la finca propiedad del Ajuntament de Calvià esté autorizada para la caza mayor y que los jardines estén vallados. | Redacción Digital

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El grupo del PP en el Ajuntament de Calvià trasladará al pleno municipal la polémica suscitada por la matanza a tiros de un centenar de cabras salvajes en la finca pública de Galatzó por parte de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, pero a instancias del Consistorio, institución propietaria de la possessió.

El concejal popular Bartomeu Bonafé registró este jueves una batería de preguntas para que el equipo de gobierno presidido por el alcalde Alfonso Rodríguez Badal (PSOE) informe sobre varias cuestiones relativas a los diferentes descastes llevados a cabo en Galatzó, pero principalmente, sobre las medidas de seguridad que se adoptaron para preservar la integridad física de los usuarios de la finca, y si se les informó previamente de la realización de las batidas.

Asimismo, Bonafé pregunta al gobierno municipal que especifique en qué zonas concretas se efectuaron los disparos, cuántos ejemplares autóctonos y alóctonos se abatieron, y cuáles son las marcas, modelos y calibres de las armas de fuego utilizadas. Además, el representante del PP cuestiona si la finca propiedad del Ajuntament de Calvià está autorizada para la caza mayor y si los jardines de Galatzó está vallados.

Finalmente, Bartomeu Bonafé requiere también explicaciones precisas sobre en que franjas horarias se disparó contra las cabras y cuántas personas y armas se dispusieron para realizar los descartes.

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Por otra parte, el partido animalista PACMA, mediante un comunicado oficial de prensa, ratificó este jyueves las declaraciones que su presidenta nacional, Silvia Barquero, efectuó el miércoles a este diario. La formación defensora de los derechos de los animales reitera que emprenderá acciones legales «para que el Govern y el Ajuntament informen en base a qué criterios están realizando las matanzas de cabras».

Contradicciones

Según PACMA el objetivo de esta iniciativa judicial persigue «revisar la legalidad de las actuaciones» llevadas a cabo en la finca pública de Galatzó.

Desde PACMA consideran «contradictorio con el bienestar de los animales que el Consorcio para la Recuperación de la Fauna de las Illes Balears (Cofib) ejerza un control letal acabando con la vida de un centenar de cabras», concluyen.