Lucha contrarreloj de la Fiscalía de Inca para evitar la caducidad de 2.800 causas

Fachada de los juzgados de Inca.

Elena BallesteroInca19/05/16 0:00
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La Fiscalía de Inca lleva seis meses al borde del colapso y lo peor aún está por llegar. La última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal le obliga a revisar antes del 3 de junio todas las causas penales abiertas antes de la entrada en vigor de la normativa, el pasado 7 de diciembre. Pasada esa fecha, no se podrán ordenar nuevas diligencias de investigación sobre los expedientes que no hayan sido informados. Es importante dejar claro que eso no supone que los delitos prescriban, pero las investigaciones no podrán continuar y las causas tendrán que ser juzgadas necesariamente en base a la investigación efectuada hasta la fecha.

Se calcula que a finales del año 2015 había aproximadamente 650.000 causas penales abiertas pendientes de informar en todo el Estado. La oficina de Inca es la que peor situación afronta de todo el territorio nacional. Cuando el fiscal José Luis Bueno ocupó su plaza el pasado 19 de octubre encontró casi 3.000 diligencias previas pendientes. Ha trabajado contrarreloj para desembozar el atasco judicial y hoy por hoy le quedan unos 200 expedientes por informar.

Bueno llama a la calma y asegura que hará «lo imposible» para revisar la «inmensa mayoría» de causas abiertas antes de que cumpla el plazo. «Es el partido judicial con más carga de España, cuando entré el 19 de octubre encontré unos 2.800, casi 3.000 diligencias previas pendientes entre los diferentes juzgados», explica el fiscal. Su plaza había estado vacante durante años.