Cagimer cobró 806.065 euros por la desclasificación de una parcela de 1.395 metros cuadrados. | Ultima Hora

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La sociedad Cagimer, que curiosamente está gestionada por el mismo administrador que ha comprado el aeropuerto de Ciudad Real por un precio de 10.000 euros, ya ha cobrado 806.065 euros de indemnización del Govern de les Illes Balears por la desclasificación en 2008 de la urbanización de Cala Carbó y ahora tendrá que devolver el dinero.

Fuentes de la Direcció General de Territori confirmaron este miércoles que la Comunitat Autònoma ha abonado hasta el momento 2.314.339,70 euros en concepto de indemnizaciones e intereses de demora a cuatro propietarios de Cala Carbó y a la antes mencionada sociedad Cagimer.

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Los dos primeros pagos (se han beneficiado cuatro copropietarios) son de 491.275 euros de indemnización más 103.875 euros de intereses y de 753.412 euros de indemnización más 159.712,70 euros de intereses y corresponden a aquellos propietarios para los que, tal y como avanzó Ultima Hora, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) dictaminó indemnizaciones inferiores a 600.000 euros (por persona). Por ley no tuvieron opción de recurrir en el Supremo por lo que dichas cantidades no volverán a las arcas de la Comunitat Autònoma.

No es el caso de Cagimer, que sí que tendrá que devolver el dinero cobrado de más. Es el único del resto de propietarios (cuyas indemnizaciones fueron anuladas en junio por el Supremo) que han llegado a cobrar compensaciones, previo depósito de la fianza que marca la ley, al pedir la ejecución provisional de la sentencia del TSJB mientras esperaban el dictamen del Supremo. No fue el único que solicitó la ejecución provisional de la sentencia pero sí es el único de los afectados por la sentencia del Supremo que ha llegado a ser indemnizado.

Aunque el TSJB condenó al Govern balear en 2013 a pagar 22,5 millones de euros a los propietarios, estableciendo una indemnización por metro cuadrado equiparable al precio medio de la vivienda de lujo edificada en la zona, el Supremo dictaminó en junio que no procede compensar las expectativas económicas frustradas de los propietarios por una urbanización que nunca llegó a desarrollarse. Durante la fase de ejecución de la nueva sentencia se fijará la cuantía de las indemnizaciones y se obligará a Cagimer a devolver el dinero cobrado.