Se calcula que en Alaró hay unos 200 inmuebles ilegales en rústico. | Antoni Martí

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El Ajuntament d’Alaró estudia financiar parte de los trabajos de rehabilitación y sellado del antiguo vertedero de s’Olivaret (o Es Puig) con el dinero recaudado gracias al proceso extraordinario para regularizar inmuebles ubicados en suelo rústico, la llamada ‘amnistía en rústico’.

El presupuesto municipal para este año incluirá una partida dotada inicialmente con 60.000 euros, pero ampliable, para cubrir los ingresos generados por dicho proceso. Hasta la fecha ya se ha legalizado un chalet y se está tramitando la regularización de otros dos inmuebles, informó el alcalde, Joan Simonet (PP), y otra decena de infractores han expresado su interés en legalizar el suyo, añadió.

La ley que permite regularizar casas en rústico establece que los beneficiarios deberán abonar al ayuntamiento correspondiente el 15 por ciento del valor de las obras ilegales que hicieron más el Impuesto de Construcciones (ICO).

En el caso del chalet ya legalizado, las obras hechas sin licencia se valoraron en unos 300.000 euros, por lo que su propietario ha tenido que abonar cerca de 45.000 euros más el ICO.

Otro requisito que establece la ley para regularizar esas construcciones es la obligatoriedad de destinar el dinero recaudado a la adquisición o a proyectos de conservación o de mejora del patrimonio natural. En este sentido, el alcalde indicó que «no descartamos invertirlo en rehabilitar» la cantera de Es Puig, un antiguo vertedero sobre el que pesa una sentencia del Supremo que ordena sellarlo y restaurarlo.

Según un proyecto de 2010, la restauración debía costar casi 11 millones de euros, pero otro elaborado recientemente por el Govern rebaja esta cifra a los 880.000 euros. No obstante, Simonet manifestó ayer que espera llegar a un acuerdo con el vecino (concretamente con un familiar suyo) que demandó al Ajuntament por la gestión del cierre del vertedero con el objetivo de rebajar aun más esta cifra.