La historia se remonta a 2008. El Ajuntament se adhirió a una subvención europea para clausurar este antiguo vertedero. Un proyecto que inicialmente estaba valorado en 2,5 millones y que finalmente se adjudicó por un total de 1,3 millones de euros. La empresa adjudicataria procedía a ejecutar el proyecto en 2009 y al estar regulado por la directiva europea el Govern, tenía que dar el visto bueno a la clausura. Pero el 16 de marzo de 2010 se detectan deficiencias que impiden el cierre definitivo.
Ayer los técnicos de la Conselleria explicaron a este periódico que «se trataba de deficiencias importantes que impedían dar esta autorización definitiva».
Tras varias negociaciones, el Ajuntament presentó al Govern un proyecto de subsanación de deficiencias en diciembre de 2012. Se aprobó en febrero de 2013 pero condicionado a la autorización de Recursos Hídricos. Al estar bordeando un torrente, se emitió un nuevo informe negativo con la obligación de presentar un nuevo proyecto. El pasado 30 de septiembre se aprueba y asciende a poco más de 1 millón de euros.
El Govern ya ha cumplido todos los trámites y es el Ajuntament el que tiene que adjudicar este proyecto. Pero hay un nuevo problema. El alcalde Rafel Fernández explicó que «hay que adecuarlo a la ley de contratación pública y hay que buscar la manera legal de ejecutarlo. El primer paso será poner este proyecto en manos del contratista, del proyectista y director de obra. Exigiremos responsabilidades y tal vez haya que interponer un contencioso».
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