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El alcalde de Pollença, Bartomeu Cifre Ochogavía (PP), tendrá que responder con su patrimonio personal, a razón de 1.000 euros cada 20 días, hasta que complete el derribo parcial de una vivienda situada en la calle Creus, cuya licencia de obra fue anulada por los tribunales en 1993. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) condenó el pasado diciembre al Ajuntament de Pollença a ejecutar la demolición en el plazo máximo de seis meses sin que hasta la fecha hayan comenzado las obras en cuestión por lo que la jueza exige ahora al alcalde que responda con su patrimonio personal por esta demora.

De nada le ha servido al alcalde Cifre su comparecencia el martes en el TSJB donde suplicó a la juez la suspensión de la multa por el retraso en el cumplimiento de la sentencia. El alcalde intentó sin éxito justificar la demora alegando, entre otras cuestiones, las peculiaridades políticas del Ajuntament de Pollença, que gobierna en minoría desde principios de legislatura.

Ingobernable

Pollença es el municipio de España con más grupos municipales lo que según el alcalde habría dificultado la aprobación de la partida económica necesaria para ejecutar el derribo y la posterior adjudicación.

Desde que la jueza advirtió sobre la inminente multa al alcalde el pasado mes de junio (Cifre ha conseguido retrasarla hasta ahora mediante el recurso que ayer rechazó la jueza) el Ajuntament ya ha realizado la reserva de crédito necesaria para ejecutar las obras de demolición. La vivienda objeto de la demolición parcial se construyó con licencia en 1991, pero un vecino denunció que le tapaba las vistas. Los tribunales, en base a la legislación supramunicipal le dieron la razón.

En un primer momento la jueza había condenado al alcalde a pagar una multa de 1.000 euros diarios renovable cada 10 días, pero el auto de ayer modifica la periodicidad de la multa que pasa a ser de 1.000 euros cada 20 días. El alcalde de Pollença cobra un salario neto mensual de 2.140 euros.