Uno de los ejes centrales de esta normativa es el amparo de los vecinos en el tema de los desahucios. Así lo explica, a este periódico, el alcalde de la localidad, Josep Barrientos (PSOE). «Con esta ordenanza queremos ayudar a aquellas personas que tengan hipotecas y que se les vaya a hacer un desahucio. Desde el Ajuntament se trabajará en llegar a acuerdos con diferentes entidades con el objetivo de facilitar la interposición de demandas a nivel colectivo para que judicialmente tenga mayor fuerza y se pueda ejercer más presión», según palabras del alcalde.
Además, Barrientos añade que «lo que pretende el Ajuntament es servir de puente entre los afectados y las empresas. Se convocarán reuniones con diversas asociaciones o entidades para que los vecinos se sientan más apoyados. Se trata de responder a las injusticias que se han dado en los últimos tiempos. No nos podemos quedar de brazos cruzados».
Según expone, «la ordenanza apuesta por una defensa dinámica de los intereses de los consumidores y usuarios y nace con la pretensión de brindar una protección integral a los ciudadanos».
La normativa entiende como derechos de los ciudadanos la protección contra los riesgos que afecten a la salud o la protección de los intereses económicos y sociales ante la inclusión de cláusulas abusivas en los contractos. El Ajuntament se compromete a desarrollar y promover la defensa de los consumidores en el sentido de que recibirá quejas, reclamaciones y las tramitará ante las empresas reclamadas. Además, se compromete a ejercer acciones judiciales en aplicación de la normativa de consumo. Barrientos valora de manera positiva «este instrumento a disposición de los ciudadanos en defensa de sus derechos».
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Deixant de banda el problema dels desnotats, l'activitat municipal de defensa dels consumidors hauria de fer-se en coordinació estret amb el Govern, que en té la competència exclusiva. Els municipis haurian de financiar correctament llurs competències abans de voler assumir les competències d'altri.