Grupos ecologistas inician una ofensiva contra la modificación de la Ley de Costas

Margalida Ramis (GOB), Sandy Hemigway (Amics de la Terra), Xisca Oliver (Greenpeace), y el profesor emérito del Departamento de Ciencias de la Tierra de la UIB, Antonio Rodríguez, se dieron cita ayer en Cala Vinyes (Calvià) para ejemplarizar cuales son los riesgos de una futura modificación de la Ley de Costas, sancionada en 1988.

Según las organizaciones ecologistas, el caso de Cala Vinyes -con un hotel dentro del dominio público y servitud de protección- es un ejemplo paradigmático de lo que representó, antes de la aprobación de la citada normativa, la «destrucción y desnaturalización» de la costa impulsada durante los años 70 y 80 del siglo pasado «por el falso progreso turístico paralelo al proceso constante de degradación ecológica y que ahora se pretende reimpulsar como solución a la crisis a la que precisamente este modelo nos ha empujado», sostienen las organizaciones ecologistas.

Tanto el GOB como Amics de la Terra aseguran que la modificación de la Ley de Costas que pretende impulsar el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente dará un nuevo espaldarazo a la «degradación de la costa, privatización de playas y especulación urbanística en litoral bajo el argumento de la dinamización económica y la creación de puestos de trabajo».

Sus respectivas portavoces, Margalida Ramis y Sandy Hemingway consideran que la aplicación de la Ley de Costas ha de ser «estricta, sin rebajas». «Debe eliminar las construcciones ilegales y compensar a aquellos propietarios víctimas de la mala gestión administrativa, analizando caso por caso», concluyen.