Los recortes del Ajuntament han provocado el malestar de los vecinos. | ultimahora.es

TW
3

La comunidad educativa de Sóller -padres y docentes- ha criticado duramente la supresión por parte del Ajuntament de la figura de educadora de calle, que trabajaba con colectivos de jóvenes en estrecha colaboración con familias y centros escolares.

Aunque solamente se contaba con una profesional externa para este servicio -un trabajador del Grup d'Educadors de Carrer (GREC)- el contrato con el conocido colectivo, que finalizaba el pasado domingo, no ha podido ser renovado «por motivos económicos». El coste de este servicio para las arcas municipales era de unos 40.000 euros anuales. Algunos docentes de la Vall aseguran que «a la larga, lo que se ahorre el Ajuntament en educación social en las calles y en prevención en las aulas, puede que se tenga que gastar en policía».

Reacciones

A lo largo de la semana anterior se han producido diversos comunicados y escritos en los semanarios locales criticando la decisión municipal de suprimir el servicio. Así, Ramon Colom, profesor en un centro concertado de la ciudad, lamenta que «al mismo tiempo que se decide no renovar con el GREC, el concejal de Servicios Sociales manda forrar de parquet el suelo de su despacho».

El claustro de profesores de otro colegio concertado ha lamentado la desaparición de otro proyecto piloto impulsado con ilusión en colaboración con el anterior Consistorio. Con estos recortes los servicios sociales municipales quedan con un único educador, en este caso una funcionaria, ya que el mes pasado también se decidió dejar de contar con los servicios de un educador de familia, también del GREC, que trabajaba a media jornada. Algunas actividades sociales impulsadas desde el Ajuntament, pero que contaban con el apoyo de estos profesionales, también quedan suprimidas. En Sóller se habla ya de un «desmantelamiento» que afecta a los programas de Servicios Sociales.

Residencia

A esta problemática se suma la alarma por la supresión de la mayoría de plazas concertadas en la residencia Bell Entorn, con 30 familias afectadas que a partir de enero deberán asumir íntegramente los costes de atención.

Aunque el Consistorio ha garantizado que se encargará de los gastos de 10 familias sin recursos, el malestar ha motivado iniciativas como una concentración de protesta que el colectivo Albaïna esta preparando.