Imagen de archivo del hotel Son Moll. | G. Alonso

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La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Manacor, Martina Mora, inicia los trámites para que el ex alcalde de Capdepera, Bartomeu Alzina (PSOE) sea juzgado por un delito de prevaricación. La magistrada considera que existen indicios suficientes de que el antiguo primer edil cometió un delito de prevaricación al no impedir que las obras del hotel Son Moll se realizaran sin licencia de obra. La juez dictó ayer un auto por el que convierte las diligencias que seguía contra Alzina en procedimiento abreviado y solicita a la Fiscalía que califique los hechos, es decir, considera terminada la investigación y que sí hay motivos para entender que hubo un delito en el comportamiento de Alzina. En el caso de que el ministerio público acuse al actual concejal de Urbanismo del municipio, éste irá a juicio.

Alzina era alcalde cuando se produjo el derrumbe de Hotel Son Moll en el que fallecieron cuatro obreros, el 16 de diciembre de 2008. Justo al día siguiente, el Ajuntament ordenó que se paralizaran las obras porque carecían de la preceptiva licencia municipal de obras.

Indicios

Éste es uno de los indicios por los que la juez considera que el Consistorio había permitido que las obras continuasen a pesar de que conocían que no eran legales. Además, la propietaria del edificio, cuando declaró ante la misma magistrada que ahora ha instruido la causa contra Alzina, declaró que éste había autorizado de forma verbal que siguieran las obras.

El abogado del ex alcalde, Gaspar Oliver, interpondrá hoy un recurso de reforma contra la decisión judicial, dado que considera que no existen indicios de que se cometiera una prevaricación omisiva.

De llegar a juicio, será el segundo que se produzca por el derrumbe del Hotel Son Moll. La causa principal por el derrumbe del edificio está pendiente que arranque el juicio, después de que el pasado verano la misma magistrada decretara su apertura. En este caso serán juzgadas seis personas, los dos constructores, el arquitecto, el director y el jefe de la obra y un estructurista por las deficiencias en el proyecto que llevaron a que se hundiera el edificio. Éstos están acusados de un delito contra la seguridad de los trabajadores en concurso con cuatro homicidios imprudentes.