Imagen del chalet construido en suelo rústico sobre el que pesa la orden de demolición.

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El Ajuntament está a punto de derribar por orden del juez un chalet construido a finales de los noventa en suelo rústico con una licencia de obras que fue anulada después al no reunir la superficie mínima de terrenos exigida por la ley.

La justicia lleva su tiempo, tanto, que transcurridos más de diez años desde que se cometió la ilegalidad el promotor ha comprado las parcelas vecinas reuniendo una superficie de terreno superior a los 15 mil metros necesarios para legalizar el chalet. Se podría dar así la circunstancia de que el Ajuntament demoliera un chalet que sería reconstruido con idéntica fisonomía en solo unos meses, una circunstancia que solo se evitará si los técnicos del Consell se pronuncian sobre el proyecto de legalización de la casa que ha presentado el propietario tras hacerse con la totalidad de los terrenos pero hasta ahora los técnicos se han negado a informar sobre la cuestión de fondo pendientes de un segundo contencioso.

Vista la situación el Ajuntament acordó ayer por unanimidad exigir a la presidenta del Consell, Francina Armengol y la consellera de Territori, Maria Lluisa Dubon que ordenen a los técnicos que informen urgentemente sobre el proyecto.

Mientras el Ajuntament ultima la adjudicación de la demolición y es que de no justificar ante el juez el inicio del derribo antes del 1 de marzo el alcalde será multado con 600 euros semanales hasta que cumpla la orden.