El alcalde de Deià, Jaume Crespí, ha colaborado en los preparativos para la demolición de las casas. | Lluc Garcia

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El alcalde de Deià, Jaume Crespí (PP), tomó ayer la piqueta y se puso a demoler, personalmente, uno de los dos chalets de Llucalcari que debían empezarse a derribar antes de fin de año en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Junto con seis operarios municipales, el alcalde del PP inició las tareas de demolición desde primera hora de la mañana.
Crespí ya había advertido hace unos días a la consellera de Territorio del Consell de Mallorca, Maria Lluïsa Dubón, que el Ajuntament «procedería a iniciar la ejecución de la sentencia en solitario si el Consell no contrataba de inmediato las obras con la empresa pública Tragsa. Crespí recordaba ayer a pie de obra que «ya ha pasado más de un mes desde que el Ayuntamiento firmó el protocolo de colaboración con el Consell de Mallorca y con el Govern para asumir a partes iguales el coste de esta demolición». Pero, ante el hecho de que a estas alturas, aunque tanto el Consistorio de Deià como el Consell de Mallorca ya han realizado los trámites, la Conselleria de Obres Públiques del Govern no había emitido aún informes, el Consistorio ha iniciado la actuación «por su cuenta».
Obligado
Con esta situación, y ante la circunstancia de que, hoy martes, finalizaba el último plazo dado por el TSJB tanto al Ajuntament como al propio alcalde para certificar el inicio de las obras, Crespí asegura que se ha visto «obligado» a que estas demoliciones «las empiece por su cuenta el Consistorio» ya que en caso contrario «podría suponer tener que enfrentarme a una acusación penal por desobediencia y volver a tener que pagar multas semanales de 600 euros».
La situación ayer en Llucalcari era de plena tranquilidad salvo por el hecho insólito de ver al alcalde de la localidad y a los miembros de la brigada de obras encaramados sobre el tejado del chalet. Las operaciones iniciadas ayer se continuarán durante los próximos días, según Crespí, «hasta que las tres instituciones puedan firmar todos los acuerdos y entregar definitivamente la gestión de la demolición a la Agencia de Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca».