La estación de tren de Santa Maria fue el punto de encuentro de los manifestantes y donde se realizó el parlamento. | Miquel Serra

3

La estación de tren de Santa Maria del Camí se convirtió ayer en el punto de encuentro donde cerca doscientas personas se reunieron de manera pacífica para reivindicar que el Camí des Cabàs es público y exigir que «se eliminen las barreras actuales que dificultan el acceso y el libre paso a la vía». Los manifestantes se desplazaron desde el centro de Santa Maria hasta el Camí del Cabàs, a través de un recorrido de unos cuatro kilómetros. Muchas familias secundaron la manifestación y no se vivió ningún incidente, salvo la apertura de la barrera que impedía el libre paso por el camino.


La marcha, que fue convocada por una veintena de entidades de las que destacan Gadma, Amics de la Vall de Coanegra y Pro Camins Públics, contó con la presencia de muchos vecinos de Santa Maria y del portavoz de Esquerra, Joan Lladó.


Informe


El historiador e investigador Antoni Manuel Gorrias fue el encargado de dirigirse al público congregado en la estación de Santa Maria. «Detrás de todos los caminos que han sido cerrados al público se esconden dos cosas: o la especulación o las obras ilegales. Y el caso del Camí del Cabàs no es distinto, tienen mucho que esconder» aseguró Gorrias.


El historiador, que ha sido el encargado de recopilar y redactar un informe acreditativo que demuestra que la vía es pública y utilizada por la población desde tiempos inmemoriales, aseveró que la manifestación de ayer «es fruto de la falta de voluntad de la administración que deja que se pisoteen los derechos de la población y pone en duda todos los documentos que hemos presentado».


Gorrias instó «a luchar por los caminos que construyeron nuestras antepasados para conseguir un patrimonio digno para nuestros nietos». Los organizadores del acto anunciaron que están «cansados» de esperar una reacción del Ajuntament de Santa Maria y que exigirán la titularidad del camino «por la vía judicial».


Por ello, explicaron que «necesitan apoyo económico» y confesaron que abrirán una cuenta bancaria para que todos aquellos interesados en la apertura definitiva del camino contribuyan a paliar los gastos judiciales.