El alcalde de Deià, Jaume Crespí, firmará mañana el acuerdo con el Consell y la conselleria de Vivienda del Govern. | Lluc Garcia

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El conseller de Vivienda, Jaume Carbonero, la presidenta de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y Territorial del Consell de Mallorca, Maria Lluïsa Dubón, y el alcalde de Deià, Jaume Crespí, firmarán este viernes un protocolo de colaboración para financiar a partes iguales los 437.000 euros que costará la demolición de dos de los cuatro chalés ilegales de Llucalcari.

De esta forma, las tres instituciones destinarán más de 145.000 euros para derruir dos de estas cuatro viviendas, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, dictada en 1992, que declaró nulas las licencias de estos pisos construidos en la década de los 80 y ordenó su derribo por haberse edificado en suelo no urbanizable.

Así, esta sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo en 1999, si bien el Consistorio de Deià aseguró que no tenía presupuesto para derribar las cuatro viviendas, por lo que éstas continuaron en su lugar. Por esta razón, en 2001, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJB dictó un auto en el que obligaba al Ayuntamiento a cumplir la sentencia firme del TS, aunque esta institución hizo caso omiso alegando falta de presupuesto.

Ante tal situación, en 2008 la Sala de lo Contencioso Administrativo aprobó el programa de ejecución en el que obligaba al Ayuntamiento a derribar los chalés en un plazo de diez meses, aunque nuevamente, la institución municipal no cumplió la orden judicial, razón por la cual el TSJB impuso una sanción al alcalde de 600 euros mensuales.

Por este motivo, el Govern y el Consell de Mallorca han decidido ayudar económicamente al Consistorio de Deià para que pueda derruir, de momento, dos de las cuatro viviendas ilegales, mientras que el próximo año, ambas instituciones también financiarán, junto al Ayuntamiento, la demolición de las dos restantes, según han informado a Europa Press fuentes de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y Territorial del Consell.