Momento en el que un escolta de Pedro J. Ramírez intenta inmovilizar a Jaume Sastre, del Lobby. | C. VIERA / J. MOREY

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Cuatro activistas que el 13 de agosto de 2005 pusieron a prueba el derecho de paso por la Costa dels Pins, con serias consecuencias para su integridad física, reclaman ahora 199.000 euros de fianza a los tres guardas jurados que se lo impidieron. Pretenden asegurar así el cobro de las posibles indemnizaciones, multas y costas en caso de condena judicial.

Violencia

Josep Martí, Pere Daniel Pol, Jaume Sastre y Bernat Fiol sufrieron lesiones de diversa consideración «cuando quisieron dejar constancia ante los medios de comunicación» de que el periodista Pedro J. Ramírez se había apropiado de una porción del dominio público situado frente al mar. «A la altura de los referidos terrenos, el paso fue violentamente impedido por la banda de seguridad privada contratada por el mencionado señor Ramírez», explica el escrito de acusación que ha presentado el abogado Josep de Luis en el juzgado 4 de Manacor.

El abogado pide que comparezcan en el juicio en calidad de testigos la concejala de Son Servera Concepció Peña; el presidente de ERC-I Joan Lladó; el ex diputado Joan Puig y la actual regidora de Cultura de Cort, Nanda Ramon, entre otras personas que presenciaron los hechos. También quiere que testifique Ramírez, quién aseguró encontrarse ausente de la casa el día de la protesta.

Josep Martí fue la persona que resultó herida de mayor gravedad. Sufrió lesiones por un empujón que tardaron 33 días en curarse. Al margen de la presencia de periodistas y de la Guardia Civil -que no intervino- existe un vídeo de la televisión serverina con los incidentes.

Piscina

El verano de 2005, ERC-I, PSM, EU-Els Verds, Gadma y el Lobby per la Independència convocaron a la prensa frente a la piscina para demostrar que se estaba incumpliendo la ley de Costas. Los guardas de Ramírez E.G.H, J.S.M. y V.L.C. impidieron el paso a los activistas y los echaron fuera. Ramírez se escuda en que tiene una concesión de uso privativo firmada por Jaume Matas cuando era ministro y que la piscina forma parte de su domicilio, por lo que también les ha denunciado. La fiscalía no se ha pronunciado.

El litigio por la legalidad de la concesión y el uso exclusivo de los terrenos es otra causa abierta en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo.