«Aunque el Ajuntament habló en un primer momento de pedir a la plataforma la documentación para poder hacer frente al pleito civil, como no se han dirigido formalmente a la plataforma, conscientes de la importancia que tiene para Pollença la defensa de los bienes públicos, entregamos esta documentación», dice el escrito firmado por Joan Crespí Salas y Joan Ramon Bosch.
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Entre la documentación se incluye un informe de Antoni Manuel Gorrias, perito en el contencioso de los caminos del Fangar y en otros juicios. El citado informe, con una extensión de 145 folios, contiene 12 documentos verificados y rubricados por directores del archivo diocesano o el archivo municipal, entre otros en los que demuestran que la Cel·la de Pollença fue erigida con dinero de la Universitat de Pollença y mantenida de forma secular por esta institución y por la parroquia. Los documentos confirman que en dicha ermita (después oratorio público) se hacían procesiones para hacer prerrogativas y que la Vila pagaba las recomposición del camino.
«Desconocemos cómo un bien público construido y mantenido con dinero público ha pasado a manos privadas (el edificio, el encinar y el huerto) sin que haya habido adquisición conocida. Un bien del pueblo que ahora no puede disfrutar de este patrimonio igual que del camino», dicen los miembros del colectivo pro caminos públicos.
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