El Juzgado dicta la orden de la suspensión cautelar de la demolición de Can Ganxo

No obstante, ni el copropietario y administrador del inmueble, Pere Vicens, ni el jefe de Costes, Celestí Alomar, sabían el motivo. Según explicó Celestí Alomar, ambas partes pueden presentar un recurso contra la orden judicial de paralizar las tareas de demolición. En este sentido, Alomar explicó que «la orden de la jueza no dice el motivo, de la suspensión» y añadió que «ahora tenemos cinco días para poder presentar el recurso». Y es que la suspensión no es definitiva.

Sin embargo, a primera hora de la mañana de ayer los operarios de Tragsa encargados de el derribo acudieron en Tuent para continuar. Según indicó Pere Vicens, «cuando los he visto he avisado a la Guardia Civil, ya que estábamos pendientes de una resolución judicial». Además, «un operario de la su brigada indicó que se detuvieran, y así lo hicieron», añadió Vicens, quien esta semana ha interpuesto denuncias contra el jefe de Costas ante la Fiscalía Anticorrupción de Balears, ante la Guardia Civil y ante el Juzgado de guardia de Inca. Y es que según Pere Vicens, «Costas no puede derribar esta casa, que fecha de 1923» y de momento Can Ganxo no se derriba.

Así, Tuent volvió a convertirse ayer en un escenario en el cual se pudo ver a Pere Vicens, operarios de Tragsa y Guardia Civil yendo arriba y abajo. Desde las 9 horas ya estaban en la zona, tres horas después se comunicó la decisión del Juzgado de paralizar la demolición. Orden que dictó el mismo Juzgado, que, según Alomar, el pasado 8 de octubre «concedió la autorización» a Costas.

El copropietario del inmueble aseguró que «no pueden venir los operarios e invadir una propiedad privada». Vicens lamentó que «me puse en contacto con el delegado en Balears de Tragsa, Antoni Garcies, pero no me ha hecho caso».