El suelo sobre el que se comenzaron a construir 16 bloques de viviendas en Monport es suelo rústico protegido y no urbano como pretendía la empresa constructora. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha dado la razón al Consell Ide Mallorca y al Ajuntament d'Andratx y avala con su sentencia las normas urbanísticas para el municipio que la institución insular aprobó en 2007.
Esta decisión judicial cierra una de las vías por las que la promotora Prosmi SL pretende retomar la construcción de la urbanización, suspendida desde hace dos años. Aún queda pendiente una decisión sobre la licencia, si bien esta sentencia sienta una base ya que fija que el suelo es una zona ARIP y que lo ha sido desde 1991.
El recurso de la empresa se basaba en que la parcela tenía todos los servicios en funcionamiento antes de que entrara en vigor la Ley de Espacios Naturales y, por tanto, era suelo urbano. Se trata de un resquicio legal empleado a menudo en Andratx cuyo principal ideólogo era Jaume Massot. La sentencia tumba esta pretensión porque la constructora no aportó ninguna prueba de que así fuera, pero advierte de que «incluso aunque se hubiese probado que sí disponía de los servicios, no por ello procedía que las normas les reconociesen como suelo urbano, ya que la clasificación como suelo protegido había sido impuesta por una ley».
La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Fernando Socías, da una reprimenda a la empresa ya que, en su recurso ni indica dónde se encuentran los terrenos con exactitud, «se presupone que la sala ha de saber a qué terrenos se refiere el pleito». También los representantes legales de la empresa reciben un varapalo por la falta de pruebas sobre la dotación de servicios: «Ya sólo por esta razón procedería la desestimación del recurso sin más argumentación». La empresa también se aferraba a que el Ajuntament d'Andratx le había dado licencia. En este caso, se afirma que la decisión administrativa no puede condicionar una normativa urbanística.
El futuro de los edificios de Monport depende ahora de la decisión judicial sobre la licencia urbanística. Desde el Ajuntament se teme una situación similar a la de Cala Llamp, es decir, que se tenga que acometer un derribo que el Consistorio tendría que pagar. En todo caso, la decisión del TSJB avala las tesis del Consell de Mallorca y del equipo de gobierno del Ajuntament.
La urbanización de Monport y la licencia que le concedió en su momento el Ajuntament bajo el mandato de Eugenio Hidalgo, es una de las piezas separadas del sumario del 'caso Andratx'. En ella se investiga el papel del ex alcalde en la concesión de esta licencia. El TSJB en este caso no entra a valorar la legalidad o no de la licencia, ya que el recurso sólo se circunscribía a la modificación de las Normas Subsidiarias.
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