Construir una piscina, altos muros de contención en marés y talar vegetación, todo ello en un área natural protegida de Mallorca, lleva consigo desde ahora una notable pena de cárcel, multa y la obligación de restituir el territorio a su estado original. La magistrada Concepción Moncada, titular del juzgado Penal 1 de Palma, acaba de emitir sentencia en esos términos para el propietario de una finca en el ANEI de Son Caulelles (Marratxí), al que encuentra autor responsable de delito continuado contra la ordenación del territorio, es decir, de infringir reiteradamente la Ley de Espacios Naturales aprobada en 1991 por el Parlament de Balears.
La jueza Moncada refleja en los hechos probados de su sentencia que el acusado, dueño de dos parcelas en el área de especial protección de la garriga de Son Caulelles, «ha venido realizando, aproximadamente desde 1990, numerosas actividades constructivas y de edificación careciendo absolutamente de las licencias municipales pertinentes, contraviniendo así lo dispuesto en la normativa de protección medioambiental».
La sentencia concreta que en 2004 el condenado construyó un muro de marés de 158 metros lineales por 1'50 metros de altura; el terraplenado de 300 metros cuadrados con tierra y balastro -donde previamente se había arrasado la vegetación de pino adulto, acebuche y algarrobo- para una «recuperación de cultivo tradicional» que nunca se verificó, y realizó una piscina para uso recreativo de 35 metros cuadrados de superficie y 2 de profundidad, careciendo para todo ello de licencia y siendo objeto de expedientes administrativos sancionadores del Ajuntament de Marratxí.
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