Ignacio Mir, el abogado condenado en la primera pieza juzgada del 'caso Voramar', sigue trabajando para el Ajuntament d'Andratx a pesar del cambio en la mayoría de gobierno municipal y de que alguna de las demandas en las que ha intervenido están relacionadas con presuntas irregularidades urbanísticas gestadas desde el Consistorio cuando lo presidió Eugenio Hidalgo.
De hecho, la sentencia del tribunal de lo Contencioso Administrativo 2 de Palma conocida la pasada semana, que declara nula de derecho una licencia concedida en 2005 para varios edificios de apartamentos en Cala Llamp, está consignada por parte del municipio al «letrado Mir», que suscribió en diciembre de 2006 las alegaciones que rechazaban una demanda del GOB que consideraba esos terrenos como rústicos.
Con todo, los decretos del anterior alcalde de Andratx encargando la representación letrada del Ajuntament en tanto que demandado al bufete Mir, no presuponen quién de los letrados que trabajan en la firma ha llevado a cabo cada informe a los tribunales. Consta, y así lo ratificaron ayer fuentes del Consistorio andritxol, que el padre de Ignacio, Antonio Mir, ha recibido encargos de asistencia jurídica desde hace más de veinte años.
Tras conocerse la sentencia sobre los apartamentos de Cala Llamp, que en esa instancia considera al Ajuntament d'Andratx responsable civil de las consecuencias que se deriven de la emisión de una licencia nula, el GOB no ocultó su desilusión poque el actual gobierno municipal «progresista» no hubiera desistido, desde su constitución en 2007, del informe jurídico que daba por bueno ese permiso, permitiendo así, según los conservacionistas, que su propio presupuesto deba hacer frente a las posibles reclamaciones de los promotores.
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