En una resolución que se puede considerar como histórica y ejemplar, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de les IIles Balears impone al alcalde de Deià, Jaume Crespí (PP), una multa de 600 euros «a cargo de su patrimonio personal» hasta que derribe los chalets ilegales que se construyeron a final de los años 80 en Llucalcari.
Han tenido que pasar más de 20 años desde las primeras denuncias del GOB para que los tribunales hayan dictado medidas coercitivas contra los responsables del hecho de que los cuatro chalets de Llucalcari continúen en pie, después de que todas las instancias judiciales del Estado hayan dictaminado la ilegalidad de estas construcciones.
Los magistrados Gabriel Fiol, en calidad de presidente, Fernando Socias y Carmen Frigola han entregado una resolución -que está escrita en lengua catalana- por la cual se condena el incumplimiento hasta ahora de todas las resoluciones judiciales. Llegados a este punto, el alcalde del Partido Popular Jaume Crespí tendrá que pagar de su patrimonio personal una multa de 600 euros a partir del momento en que se le notifique la providencia y en un plazo máximo de quince días. Los dos meses siguientes, si no ejecuta la sentencia, el alcalde tendrá que ingresar la misma cifra en la cuenta bancaria judicial. A partir de este momento, la sanción de 600 euros tendrá carácter semanal hasta que los chalets sean derribados y el terreno recupere el aspecto primigenio.
Jaume Crespí puede presentar un recurso de súplica ante la Sala, pero mientras ésta delibera y lo resuelve, la multa se mantendrá vigente. Si el alcalde dimitiera, la sanción sería para su sustituto.
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