15/03/08 0:00
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LAURA MOYÀ Ya lo advirtió Maria Lluïsa Dubon, consellera de Territori, hace poco menos de un mes: las demoliciones empezarán en breve. Ayer, la Comissió d'Urbanisme escogió las primeras 15 obras que se derribarán, la mayoría ubicadas en suelo rústico e, incluso, en Àreas Naturales de Especial Interés (ANEI). El objetivo: que sean ejemplificantes.

En la mayoría de los casos, las demoliciones implicarán que se echen abajo viviendas unifamiliares aislados, casi siempre de forma íntegra, y ampliaciones muy claras. A la hora de elegir los ejemplos, la institución insular ha seguido criterios técnicos y jurídicos.

De las quince, dos de ellas están ubicadas en ANEI. La primera afecta a una vivienda unifamiliar aislada situada en Campanet y la segunda, a la reforma y la ampliación de una caseta y el cambio de uso de una vivienda de Pollença. Otro de los casos está situado en un Àrea Rural de Interés Paisajístico (ARIP). Se trata de una piscina y unas nuevas dependencias que se encuentran bajo una terraza ya existente que están en Andratx. Además, también hay un hotel implicado, que se encuentra en Son Servera y que realizó dos nuevas alturas sin los permisos pertinentes.

Además de los municipios citados, los derribos también afectan a Alaró, Llucmajor, Sant Llorenç, Valldemossa, Santa Margalida, Maria de la Salut y ses Salines. Precisamente, una de las premisas que dio el Consell fue que las propuestas no se concentraran en una zona en concreto, sino que se repartieran por toda la Isla. Los años en los que se oficializó la orden de demolición van desde 1997 hasta 2005.

Una vez escogidos los casos, el siguiente paso consistirá en iniciar los expedientes de ejecución subsidiaria para la demolición, realizar nuevas inspecciones y actualizar la situación de los infractores y de las obras, además de asegurar la viabilidad de las demoliciones, unos trabajos de los que se encargará el Consell. Acto seguido, se redactarán los proyectos y los estudios de seguridad y salud por parte de los técnicos del Consell, y se solicitarán las licencias a los ayuntamientos. Se contratarán a las empresas, se pedirá la autorización judicial para llevar a cabo el derribo, se solicitará la asistencia de los cuerpos de seguridad y, por último, se procederá a la demolición. Se prevé que, de las 15, se ejecuten unas diez una vez terminados todos los pasos previos.