El GOB reclama a las diferentes administraciones que modifiquen los criterios para autorizar la instalación de parques fotovoltaicos para evitar el impacto que ocasionan estas infraestructuras en suelo rústico. Actualmente hay en las Illes Balears treinta parques en tramitación y, la mayoría de ellos, están proyectados o se están ejecutando en suelo rústico.
Los dirigentes del GOB, Antoni Muñoz y Margalida Ramis, se desplazaron a la finca de es Pagos de Porreres donde se está construyendo un parque en suelo rústico y al que pusieron como ejemplo de lo que se debe evitar.
Los ecologistas consideran que el Govern balear, el Consell de Mallorca y los mismos ayuntamientos deberían modificar los criterios y obligar a que estos parques se instalen en zonas ya degradadas, como vertederos, suelo urbano o de servicios, polígonos industriales, grandes aparcamientos, edificios públicos o cerca de depuradoras. En este sentido, los ecologistas apuntan a Vernissa Nou en Santa Margalida o ses Barraques de Peguera, donde los parques están en lo que fueron anteriormente vertederos.
Ramis declaró que la tendencia actual está encaminada «a favorecer las energías renovables por parte de la administración y esto es positivo, pero si no hay una planificación van a proliferar en suelo rústico y aquí no vale todo». El objetivo del GOB es que «las energías renovables se conviertan en alternativas reales».
Consideran los ecologistas que este tipo de instalaciones «chocan en demasiadas ocasiones con criterios de conservación de espacios naturales protegidos». Asimismo, añaden que algunos de los parques suponen una ocupación de 35.000 y 45.000 metros cuadrados de suelo.
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