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OLGA QUINTANILLA
El litoral de las Illes Balears se librará de obstáculos para que los ciudadanos puedan recorrerlo peatonalmente. Así lo aseguró ayer el director general de Costas, José Fernández Pérez durante su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados para dar respuesta a una pregunta planteada por la diputada de Esquerra Republicana, Georgina Oliva en relación con la cifra de concesiones de ocupación de dominio público marítimo-terrestre, por obras o instalaciones no desmontables otorgadas por la Administración del Estado desde la entrada en vigor de la Ley de Costas en las Illes Balears. La conversión del litoral balear en zona peatonal, extensible a todo el territorio español, es uno de los principales «retos» de esta Dirección General de Costas según aseguró Fernández. Esta actuación a la vista de las explicaciones del titular de Costas estará conectada con el Programa de senderos y caminos de roca a iniciativa de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

«Concebimos la costa como un espacio de salud que debe gozar de la calidad necesaria para uso y disfrute de todos los ciudadanos. Por este motivo la costa debe liberarse de aquellas ocupaciones que aunque tuvieran un origen legal ahora son ilegales». A este respecto, Fernández se mostró tajante al señalar que «se derribarán todas aquellas instalaciones que impidan el uso sostenible de la costa». El director general de Costas anunció ayer que disponía de un listado compuesto por 221 concesiones administrativas. «Muchas de estas concesiones no significan obra nueva, derivan de instalaciones que ya existían», matizó Fernández quien añadió que «esta cifra da una idea del uso que se da a la costa». Según comentó este responsable de Medio Ambiente estas 221 concesiones administrativas tienen un uso muy diverso. Así 44 concesiones corresponden con usos para rampa; 35 para casetas de varadero; 16 para embarcaderos y 22 para terrazas y solariums. Insistió mucho en la necesidad de recuperar la costa. «Queremos realmente recuperar la costa para uso y disfrute», dijo.

De esta forma respondió el director general de Costas a la pregunta formulada por la parlamentaria de ERC Georgina Oliva en relación con las concesiones de ocupación de dominio público marítimo-terrestre y quien expresamente le preguntó por la situación actual en la que se encuentra el expediente abierto en la finca de la polémica piscina del director del El Mundo, Pedro J. Ubicada en la Costa de los Pinos en Son Servera. «El Ministerio anunció en 2006 la puesta en marcha de tres proyectos en Son Servera, Costa de los Pinos, Calvià y Formentor en tramos donde existen varias decenas de pequeñas instalaciones realizadas hace más de treinta años en virtud de concesiones que hasta ahora han sido de uso y disfrute exclusivo de particulares en estas zonas. ¿Cómo se puede hablar de recuperación de la zona de la Costa de los Pinos y a la vez mantener concesiones a particulares en zonas de dominio público como la piscina de un influyente personaje que usted ya sabe seguro a quien me refiero?. Se trata de una situación realmente intolerable», dijo la diputada Oliva quien criticó que la resolución del Ministerio de Medio Ambiente para que dicha piscina fuese de uso público no se está cumpliendo. Fernández Pérez puso de manifiesto que la Costas tiene derecho a expropiar todo aquello que impida el libre tránsito en la costa. «No estamos dispuestos a flexibilizar los criterios pero sí las fórmulas para alcanzar este fin», dijo. Esta diputada aprovechó para pedir una revisión de la Ley General de Costas de 1988 para ampliar el área de servidumbre a más de 100 metros, cuestión que el titular de Costas rechazó.