En un plazo de unos 10 días, el Ajuntament de Manacor reanudará la tramitación de licencias de obra nueva, algo que se dejó de hacer hace tres meses por orden del alcalde Antoni Pastor. El pleno dio el visto bueno con los votos a favor de los once ediles del pacto y la abstención de los diez de la oposición a la aprobación inicial de una modificación de las Normas Subsidiarias. Con este acuerdo, se resuelven una serie de deficiencias y se añaden unas «clarificaciones» y prescripciones al planeamiento que debían haberse realizado ya en 1982. Este lastre impedía que ciudadanos, promotores e incluso los mismos técnicos supieran con exactitud a qué atenerse y hayan actuado «sin seguridad jurídica» a la hora de saber, por ejemplo, cuántas alturas cabían en un manzana.
De hecho, fueron los mismos técnicos quienes hace tres meses se negaron a informar sobre más licencias de obras «hasta que no haya una normativa clara», informó Pastor en el pleno. Este hecho coincide con la polémica de las alturas de Majorica que, entre otras cosas, provocó la contratación de una nueva arquitecta «de confianza», Margalida Gelabert, quien ha trabajado durante estos tres meses en la modificación de la citada norma. Básicamente, su trabajo ha consistido en hacer un ficha de todas y cada una de las manzanas de Manacor donde se concreta el volumen de construcción, es decir, las alturas, profundidad y metros de fachada que puede tener cada isleta de la ciudad.
Los partidos de la oposición, ALM-UM, PSOE y PSM, criticaron en el pleno la política urbanística llevada a cabo por el equipo de gobierno (PP-AIPC), a la vez que opinaron que la modificación de normas significa que no se aprobará el PGOU esta legislatura. Desde el PSOE, Júlia Roman denunció el «caos dentro de urbanismo» que evidencia «su poca capacidad de gestionar esta área». «El presente es caótico y el futuro un gran interrogante», apuntó Roman. La portavoz del PSM, Margalida Capó apuntó que la modificación de normas «evidencia el fracaso. Consolidan un urbanismo de los años 80 que nadie quiere». Por su parte, Miquel Àngel Grimalt (ALM-UM), recordó al alcalde que «se salta la ley al ordenar que no se concedan licencias por inseguridad jurídica».
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