El presidente del Govern, Jaume Matas, pidió ayer al Gobierno central que no haga una «operación de bisturí» con la costa de Mallorca, si realmente prevé demoler o remodelar las piscinas existentes en primera línea del litoral español que no estén amparadas por ningún título concesional en vigor, porque, según recordó, Baleares es la comunidad que presenta una menor proporción de litoral urbanizado, del 5,9 por ciento, frente al 40 por ciento de la Costa Brava, en Catalunya.
El presidente indicó que «bajo ningún concepto» el Gobierno puede utilizar la Ley de Costas para apuntar a una zona en concreto, sea Baleares u otra comunidad autónoma, opinó. En este sentido, sostuvo que si en España existe un «problema de invasión del dominio público» con este tipo de obras que, recalcó, no son de ahora, sino anteriores a la propia Ley de Costas, debe resolverse «de la misma forma» en «todos los lugares y territorios del país», para que el criterio sea «objetivo y general», y no pueda ser «interpretado», agregó.
Así, Matas, que consideró que el Gobierno podría haber tomado la decisión de demoler o remodelar las piscinas construidas al margen de la legalidad con anterioridad, ya que la normativa, precisó, data de 1989, afirmó que es «básico» que el Ministerio de Medio Ambiente «estudie toda la costa española, vea donde se producen los y cuál es la solución».
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