El Ministerio de Medio Ambiente ha asegurado que demolerá las piscinas existentes en primera línea de costa que no estén amparadas por ningún título concesional en vigor o que éstas serán remodeladas o acondicionadas, según el caso, para reintegrar el espacio que ocupan al uso público y común del dominio marítimo-terrestre por parte de todos.
Así lo afirma en una respuesta parlamentaria, en la que contestaba una pregunta acerca de la «veracidad» de la resolución firmada el pasado 7 de julio por el director general de Costas, José Fernández, por la que se aceptó la propuesta del director de «El Mundo», Pedro J. Ramírez, de regulación del uso público de la piscina que se encuentra frente a la casa del periodista en Son Servera.
El departamento dirigido por Cristina Narbona se refiere en dicha respuesta parlamentaria a las piscinas existentes «con uso privativo o público, que no están amparadas por ningún título concesional o autorización en vigor» para afirmar que serán «remodeladas, acondicionadas o demolidas, según los casos, para reintegrar de forma efectiva el espacio que ocupen al uso público y común del dominio público marítimo-terrestre por todos».
También se pronuncia sobre aquellas piscinas que sí se encuentran amparadas por un título de concesión en vigor y dice que serán «objeto del tratamiento que en cada caso corresponda en función de los intereses generales y del uso común del dominio público, con respeto de los derechos de sus titulares».
En este sentido, Medio Ambiente justifica la decisión tomada en julio de 2006 recordando que el actual equipo ministerial no ha otorgado ninguna nueva concesión sobre este tipo de piscinas sobre las que afirma que «sus condiciones son difícilmente compatibles con un auténtico uso público general».
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