En la querella, presentada la semana pasada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por el abogado Josep de Luis, también se considera criminalmente responsables al actual director general de Costas, José Fernández; a su antecesor en la etapa de Jaume Matas como ministro, José Trigueros, y a Giuliana Arioli, ex propietaria del inmueble donde se encuentra la piscina y que lo vendió a Ramírez.
Los portavoces del Lobby, Jaume Sastre y Josep Palou, explicaron ayer en rueda de prensa que su grupo se ha visto «obligado» a presentar esta querella después de comenzar sus denuncias hace ahora dos años, y ante la «trama legal» que ha existido a su entender para otorgar esta «concesión ilegal», incumpliendo la Ley de Costas. «Es significativo que se denuncie a personas de diferentes gobiernos y partidos, pero no podíamos hacer parts i quarts», manifestó Sastre.
El portavoz independentista recordó que la tramitación de Ramírez para conseguir la concesión en el año 2001 ya empezó «nula de pleno derecho», entre otras cosas porque Arioli le transfirió la concesión de la piscina por 50 millones de pesetas y de forma separada al inmueble. «Pero era una concesión caducada. La ley impide traspasarla, por lo que Matas otorgó una nueva de forma irregular, cuando existía una suspensión cautelar en todo el litoral de Son Servera».
El Lobby remitirá la querella «a los cien personajes más influyentes de España». «Es un caso único de todo el Estado español, como así lo acreditan los documentos que aportamos».
LAS ACUSACIONES
Éstas son las principales acusaciones que aparecen en la querella que suscribe el letrado Josep de Luis en representación de Jaume Sastre:
Jaume Matas y José Trigueros
El ex ministro y su entonces director general vulneraron la Ley de Costas porque en 2001 otorgaron una concesión con informes técnicos en contra y con los deslindes de Son Servera sin completar. No publicaron la concesión en el BOE, como era preceptivo. El president Jaume Matas ha reconocido públicamente que está unido al «beneficiario», Pedro J. Ramírez, por una «relación personal y de amistad». Indicios de prevaricación o cohecho y tráfico de influencias.
Cristina Narbona y José Fernández
La ministra y su director general «con celeridad pasmosa» y «reuniones privadas» consintieron la «usurpación» de 350 mestros cuadrados. del dominio público por Ramírez. Lo argumentaron a partir de «la seguridad de la persona del gestor (Ramírez) y su familia», pero cuando lo hicieron no existía ningún vínculo legal entre aquél y la concesión. Archivaron las denuncias de Jaume Sastre ante la Demarcación de Costas, pero paralelamente dieron un plazo de tres meses a Ramírez para que solventara la situación irregular. Se han apartado de la Ley y del procedimiento para beneficiar a un particular. Indicios de prevaricación, cohecho, abandono de destino y encubrimiento.
Pedro J. Ramírez
La querella dice que el periodista, haciendo uso de su influencia mediática, ha doblegado ilegítimamente la voluntad del poder ejecutivo. Se inventó una «treta» para convertirse en gestor de piscinas y traspasarse una concesión. Ramírez también acusó a Sastre de haber «asaltado» su domicilio cuando intentó ejercitar la servidumbre de paso en el dominio público. Indicios de cohecho, usurpación, falsa denuncia y falsedad.
Giuliana Arioli
Es la auténtica «concesionaria». En 1999, cuando vendió su chalet a Ramírez, cobró ante notario por la piscina, a pesar de que está situada en el dominio público y no era suya. Indicios de usurpación y falsedad.
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