08/04/06 0:00
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A.G.
El Ministerio de Medio Ambiente ha respondido a la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de de Manacor que Pedro J. Ramírez no tiene ningún derecho administrativo sobre la piscina situada delante de su casa en la Costa dels Pins. Giuliana Arioli, titular de la concesión de esta piscina construida en el dominio público, suscribió un documento privado el 27 de julio de 2004 por el que nombraba a Ramírez su «gestor». Sin embargo, el director general de Costas, José Fernández, dice que «no se ha otorgado autorización por parte del Ministerio de Medio Ambiente del acuerdo de gestión de esta concesión».

La falta de validez administrativa de este documento deja a Pedro J. Ramírez sin argumentos para arrogarse algún derecho y menos aún el de propiedad, que proclama desde que saltó el escándalo. Asimismo, el director general de Costas reconoce por primera vez y pone en conocimiento del juzgado que la Orden Ministerial de enero de 2001 que «legaliza» la piscina nunca ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, como es preceptivo según la ley. El Juzgado de Instrucción de Manacor número 4, que instruye una querella de Ramírez contra las personas que el pasado verano exigieron pasar por la piscina, pidió a la Dirección General de Costas que le aclarara algunos aspectos confusos. Si ahora ya sabe que Ramírez carece de derechos y que la concesión es «irregular» desde el punto de vista administrativo, sigue sin contestar una pregunta: ¿publicó la orden de 17 de mayo de 2005 que suspendía el uso público de la concesión?

El abogado Josep de Luis, que representa a los miembros de ERC, PSM, EU-EV, Lobby y Gadma que, según Ramírez, «allanaron» su residencia estival, se ha dirigido a la jueza para que requiera al Ministerio en este sentido.