Barrera que impide el paso por el camino público de Pollença a Lluc, el llamado «camí vell».

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El Consell de Mallorca ha redactado, para su aprobación en pleno en las próximas semanas, una ordenanza reguladora del uso y conservación de los caminos que son propiedad de la institución insular. El Departament de Medi Ambient i Natura, que dirige Miquel Àngel Borràs, ha reaccionado de esta manera ante la problemática de uso y conservación de los caminos públicos, con recientes casos polémicos como el de es Fangar, en Manacor, y el del Camí Vell de Pollença a Lluc. Estos caminos no pertenecen al Consell, pero la intención de la institución insular es que su ordenanza sea trasladada posteriormente a las normativas municipales para que una buena parte de los caminos públicos de la Isla quede sujeta a una misma regulación.

De hecho, el Departament de Medi Ambient i Natura ha mantenido, durante este 2005 que hoy finaliza, reuniones con diversos ayuntamientos para llevar adelante esta iniciativa. El objetivo fundamental de la ordenanza es ordenar y proteger los caminos públicos como patrimonio natural al servicio del derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado y a recorrer rutas tradicionales en las que el libre acceso nunca fue un problema. El uso de los caminos públicos -principalmente en Tramuntana, pero también en otras zonas de Mallorca- para el senderismo se ha convertido en los últimos años en una práctica con multitud de aficionados, lo que ha dado lugar a problemas de diversa índole causados por una minoría incívica: masificación, basuras, actos vandálicos, daños a rebaños y pérdida de animales, acampadas ilegales, hogueras con un evidente riesgo de incendio, etc. Ante estas situaciones, muchos propietarios han optado por colocar barreras y cerrar los caminos, aunque, desde un punto de vista legal, no pueden si se trata de un camino público. También se dan casos de propietarios de fincas que optan por cerrar un camino público sin un motivo aparente, simplemente para preservar su intimidad, aunque la ley no se lo permite. Ante este choque de intereses, el Consell ha creado una ordenanza reguladora que englobará, inicialmente, a los caminos de la institución insular, a las rutas senderistas de Pedra en Sec y Artà-Lluc, y aquellos vías conveniadas con entidades y particulares.

La ordenanza clasificará los caminos en tres categorías: aptos para la circulación de vehículos a motor, aptos para bicicletas o tracción animal, y de uso exclusivo a pie. La tipificación de infracciones prevé sanciones de hasta 3.000 euros como medida de protección tanto del propio camino como de los derechos del usuario.