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El juicio contra el ex alcalde de Muro, Jaume Perelló, quedó ayer suspendido nuevamente después de que el abogado que representa al Ayuntamiento, Rafael Perera, acusara al político de un delito que en principio no estaba contemplado en la fase de instrucción. Perelló estaba acusado de un delito de emisión de certificaciones falsas contemplado en el artículo 398 del Código Penal, por el que el fiscal solicita dos años de suspensión de empleo o cargo público. Sin embargo, cuando la juez de penal 7 solicitó a los abogados que presentaran sus cuestiones previas, Perera señaló que ya desde el principio él acusaba también por un delito de falsedad en documento público, acusación que no fue recogida durante el periodo de instrucción. Este delito, por el que se piden penas entre los tres y los seis años de cárcel, tiene que ser juzgado por la Audiencia Provincial y no por los tribunales de lo penal, con lo que la juez ordenó suspender el juicio y remitir el expediente nuevamente a instrucción. Allí se decidirá qué tribunal es competente para juzgar el caso.

Antes de esto, el abogado de Perelló, Eduardo Valdivia, ya había solicitado la suspensión, aunque en esta ocasión por considerar que la denuncia contra el ex alcalde se presentó más de tres años después de que se cometiera el presunto delito, y por lo tanto la causa ya estaba prescrita.

Perelló estaba acusado de emitir certificaciones de urbanismo a siete vecinos de la localidad, durante el mes de junio de 1999. Según el fiscal, ninguno de los certificados emitidos se ajustaba a la situación real de los inmuebles, a pesar de que estaban firmados por el alcalde y tenían el sello del ayuntamiento. El escrito del fiscal subraya que el acusado «omitió de forma consciente, voluntaria e intencionada la realización del correspondiente procedimiento administrativo».