Los portavoces de EU-EV, Marilena Tugores y Miquel Àngel Llauger, ayer en Bunyola. Foto: P.A.M.

Los portavoces de EU-EV, Marilena Tugores y Miquel Àngel Llauger, ayer en Bunyola. Foto: P.A.M.

Pedro Aguiló Mora01/04/05 0:00
TW
0

PEDRO AGUILÓ MORA
La coalición rojiverde EU-EV ha interpuesto una denuncia contra la consellera d'Obres Públiques, Mabel Cabrer, ante la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito de prevaricación. Tanto Marilena Tugores (EU) como Miquel Àngel Llauger (EV) apuntalan su acusación argumentando que la Conselleria presidida por Cabrer dió luz verde a la constructora El Nido SL para que concluyera las obras del complejo residencial Sa Saboneria, aún sabiendo que la ejecución del proyecto inmobiliario llevaba implícita la usurpación de terrenos de dominio público, mediante la ocupación y el desmonte del talud que sostiene las vías del tren de Sóller a su paso por Bunyola, con el fin de construir el muro del jardín de una de las viviendas.

En su denuncia presentada ante el Fiscal Anticorrupción de Baleares, los portavoces de EU-EV señalan que el 31 de mayo de 2004 Cabrer dictó una resolución «injusta y contraria» a la legislación sobre dominio público al tiempo que anulaba otra dictada el 22 de mayo de 2003 por el anterior conseller de Obres Públiques, Francesc Quetglas, en la que, basándose en un informe técnico redactado por la topógrafa Cristina Viana, se acordaba la paralización de las obras del edificio de Sa Saboneria y la demolición de las construcciones que todavía hoy invaden los terrenos públicos.

Según Tugores y Llauger, Cabrer intentó justificar la anulación de la resolución dictada por Quetglas basándose en dos razonamientos que los rojiverdes tildan de «erróneos»: la autorización municipal para ejecutar las obras y el acatamiento de la Ley a la hora de establecer la distancia preceptiva entre las vías del tren y el bloque de viviendas. Tugores y Llauger rebatieron la primera argumentación sosteniendo que si bien los promotores contaban con la licencia urbanística expedida por el Ajuntament de Bunyola, no contaban con la autorización expresa y preceptiva de Obres Públiques. En cuanto a la segunda, EU-EV recordaron a Cabrer que la legislación fija «claramente» que la medición de la distancia obligatoria de 5 metros no debe efectuarse desde las vías del tren sino desde el talud.