Los cuatro chalets recibieron la licencia en 1985 y la orden de derribo ha llegado diez años después.

Los cuatro chalets recibieron la licencia en 1985 y la orden de derribo ha llegado diez años después.

31/03/05 0:00
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NEKANE DOMBLÀS/C.R.G.
El Tribunal Supremo ha ordenado al Ajuntament de Deià que ejecute en el plazo de dos meses la demolición de los cuatro chalets construidos en el año 1985 Llucalcari, que se edificaron al amparo de una licencia que el Ajuntament no podía dar. La sentencia da la razón de forma definitiva al GOB, organización que lleva 20 años pleiteando para conseguir que se restituya el paisaje de la Serra en este paraje. La sentencia del Supremo obliga precisamente al Ajuntament a hacer los trabajos necesarios para que la zona quede tal y como era antes de que se construyeran las cuatro casas. Según el Tribunal Supremo, ha quedado demostrado que el Ajuntament no sufrió indefensión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Balears y que ideó «subterfugios» para impedir el cumplimiento de una decisión judicial. Este subterfugio al que alude la sentencia fue la aprobación de un Plan Especial de Protección para la zona cuando ya había una sentencia firme que ordenaba la demolición de los edificios.

La sentencia reconoce que, de las pruebas practicadas, «se deduce que los edificios dañan el paisaje» y las edificaciones y las explanaciones se encuentran «en contradicción con los bancales anteriormente existentes y la pendiente natural del terreno», por lo que las licencias no se debieron conceder. El Tribunal Supremo considera «insólito» que, si está demostrado que esas edificaciones dañaron el paisaje, el Ajuntament aprobara con posterioridad un plan especial de protección que conservaba, precisamente, las edificaciones que dañaron ese paisaje. En caso de que el Ajuntament incumpla la sentencia, se podrá decretar una multa de entre 0,15 y 1.500 euros por aviso y quienes se consideren afectados podrán recurrir a la vía penal, lo que podría acarrear penas de prisión para quien incumpla la decisión del Tribunal.

El portavoz del GOB, Miquel Angel March, lamentó que el Ajuntament se haya dedicado todos estos años a defender, con dinero público, los intereses de unos particulares. «Es lógico que lo hagan las empresas, pero no las instituciones privadas», afirmó. El abogado de la formación ecologista, Eduard Moreno, aseguró que Mallorca tiene suerte de contar con una organización como la ecologista «en una isla asediada por los intereses económicos y con la desgracia de tener la clase dirigente más reaccionaria y depredadora del territorio de todo el país». «Mallorca necesita que se cumpla esta sentencia», aseguró Moreno, quien además añadió que el fallo del Supremo será «proverbial» para las Islas y para otros territorios de España «porque se sale del ámbito mallorquín». El abogado de la organización conservacionista animó a todos los ciudadanos de la Isla a mostrarse «vigilante con el territorio» como ha hecho el GOB.