«Pecado original» dedicó dos sketchs para hablar de la piscina de la que se ha apropiado el periodista y que su compañera sentimental exhibió a todo color en las revistas de moda. En el primer programa, los comentaristas se cebaron en la pareja por hacerse pasar como propietarios de la instalación. «¿Qué diría tu amigo Felipe de todo esto?», interrogaba con sarcasmo el conductor del programa a Ramírez, después de emitir imágenes de Felipe González, José Barrionuevo, Rafael Vera y Luis Roldán, acusados todos ellos de corrupción por el periodista madrileño.
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Instantes después se escuchó uno de los irónicos comentarios de Miguel Àngel Aguilar en la Cadena Ser, en referencia al Lobby per la Independència y a la manera de actuar de Ramírez: «¿No será una maniobra de quienes montaron los GAL? ¿No será que otra vez se persigue a la única persona leal con España y que se llama Pedro J?».
El programa recordó que la piscina, «aparte de haberse cargado el paisaje, es ilegal»; y que fue Jaume Matas, en su etapa de ministro de Medio Ambiente en 2001, quien «hizo a Pedro J. la licencia que necesitaba, y que es totalmente irregular».
Entre los consejos que dio el programa figuró uno en alusión directa a Ruiz de la Prada por exhibirse con la piscina pública situada delante del mar: «Si usted tiene una piscina como ésta, nunca se le ocurra alardear de ella en público si no quiere que le pase lo que le ha pasado a Pedro J».
El programa finalizó con un anuncio: al día siguiente desvelaría lo que piensan los ministros del Gobierno sobre la polémica piscina. Pero en lugar de eso, «Pecado original» divulgó una declaraciones del subordinado de Pedro J. Ramírez, quien confesó que «la concesión es de uso público. Tal y como están las cosas, en este momento, cualquier ciudadano puede entrar, bañarse y hacer uso de ella».
Eduardo Inda dijo también que, como la de Ramírez, hay en Mallorca 1.699 concesiones de piscinas y solariums similares, y que la polémica es una campaña orquestada por Pere A. Serra, presidente-editor del Grupo Serra, y Jaume Sastre, líder del Lobby per la Independència, que pretenden acallar la línea editorial de su periódico y «echarles de Mallorca».
El reconocimiento por parte del entorno de Ramírez de que la piscina es de uso público, tal como establece la concesión, se produce después de que el propio Ramírez haya exigido al Gobierno español que revoque la concesión y privatice su uso. Para ello, el periodista alude que está amenazado por ETA y necesita seguridad.
El Lobby per la Independència ha presentado un recurso contencioso-administrativo para garantizar el derecho de paso por la costa, tal y como establece la Ley de 1988 y la propia concesión. El grupo ecologista GOB, por su parte, ha presentado una denuncia ante la Demarcación de Costas porque, a su juicio, la concesión que otorgó Jaume Matas es ilegal, al infringir los principios de la propia normativa.
INEXACTITUDES
Éstas son algunas inexactidudes en las que se escudan Ramírez y su entorno para confundir a la opinión pública, en el bien entendido de que si no fuera el periodista una de las personas que más se ha distinguido por luchar contra la corrupción y ha exigido la aplicación de la ley en su sentido más estricto, el caso de la piscina no habría recibido tanta atención política y mediática en Balears y el resto del Estado. Que Ramírez haya pedido al Gobierno un trato especial por razones de seguridad añade fuego a la polémica.
· Ningún derecho
Ni Pedro J. Ramírez ni Àgatha Ruiz de la Prada son propietarios del suelo donde se levanta la piscina ni los titulares de la concesión que la legaliza para el uso «público, general y gratuito». Sus pretensiones sobre este espacio serían las mismas que las de otro ciudadano si no fuera porque se proclaman «gestores» de la instalación y sus guardaespaldas han impedido, hasta la fecha, el derecho de paso.
· 1.699 concesiones
Inda asegura que en Mallorca hay 1.699 instalaciones con licencias similares. Fuentes de la Demarcación de Costas de Baleares han explicado que, con la entrada en vigor de la Ley de 1988, no tienen conocimiento de que exista ninguna otra concesión que legalice una piscina construida encima del mar, que impida el derecho de paso, que pague un canon «público» y que sea utilizada de manera «privada». De hecho, la Demarcación informó de que la piscina de Costa dels Pins debía ser rellenada de tierra, pero el Ministerio de Medio Ambiente hizo caso omiso en 2001. Esta decisión ha sido recurrida por el GOB.
· Campaña
Aseguran Pedro J. Ramírez y su entorno que la polémica de la piscina es una campaña para «echarle» de Mallorca y variar la línea editorial de su periódico, cuando lo que piden los colectivos que denuncian la situación irregular es que el periodista, sencillamente, cumpla con la Ley. Es decir, que permita el acceso público por la costa, y que si esto le hace temer por la seguridad, que cierre su propiedad donde acaba. Una propiedad, por cierto, que adquirió en 1999, cuando ya estaba amenazado por ETA y otros grupos violentos, pero que sin embargo su compañera exhibió con todo lujo de detalles en las revistas de moda.
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