La comisión de seguimiento sobre la crisis de Majorica -que está
integrada por el Govern, el Ajuntament de Manacor, los sindicatos
de CCOO y UGT y los tres comités de empresa- acordó ayer, entre
otras medidas cautelares, interponer una demanda judicial contra la
empresa perlera como medida de presión para forzarla al
cumplimiento del protocolo. Con esta demanda se pretende que «los
bienes patrimoniales de Majorica queden asegurados y no se puedan
malversar», manifestó el conseller de Comerç, Josep Joan Cardona, a
la salida del encuentro mantenido en la sede de la conselleria de
Treball.
El conseller también aseguró que si la empresa cumple con todas
las exigencias recogidas en el protocolo, la «demanda podrá ser
retirada».
En relación al requerimiento notarial que se firmó entre todas
las partes de la comisión de seguimiento, Cardona aseguró que
Majorica «tiene intención de contestar el requerimiento en los
próximo días», aunque admitió no tener la constatación oficial.
Cardona reconoció, además, que la situación que atraviesa en
estos momentos la empresa Majorica «no es buena, por lo que no
podemos estar de brazos cruzados, esperando una respuesta oficial.
Nuestra obligación es la de salvaguardar y defender los intereses
de todos los trabajadores y hacer cumplir todos los compromisos»,
que se hallan especificados en las cláusulas del protocolo.
Por su parte, el sindicato de UGT reivindicó de nuevo la
intervención de la empresa por parte de la administración pública.
Esta vez, el conseller se comprometido a que los servicios
jurídicos estudiarán esta propuesta.
Por otra parte, la tensión volvió ayer a crispar los ánimos de
los trabajadores de la fábrica de perlas, que convocaron una
asamblea para sacar fuera del comité a los representantes del
comité de CCOO. Por mayoría -85 votos a favor-, los trabajadores
forzaron la dimisión de los miembros de este sindicato.
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