Según explicó Miquel Angel March, portavoz del GOB, la sentencia
del Supremo «constituye un hito», ya que «deja claro» que cuando
entró en vigor la Ley de Costas, en 1988, «estos terrenos no eran
urbanos», por lo que las Normas Subsidiarias de Campos no pudieron
declararlos como tales ni autorizar la construcción de los
apartamentos». Recordó que en 1995 los tribunales decretaron la
suspensión de la construcción de los apartamentos, lo que
desencadenó «una batalla jurídica» entre el GOB y el PSM, por una
parte, y el Ajuntament de Campos y la promotora Marina Ernts, por
la otra.
Durante este tiempo el conflicto jurídico se ha centrado en la
licencia municipal de obras, las Normas Subsidiarias de Campos y el
carácter urbano de los terrenos y el deslinde de Costas que creó la
franja de protección. En estos momentos, el Supremo debe resolver
otros tres recursos de casación presentados por los servicios
jurídicos del Ajuntament de Campos, un particular y la empresa
promotora. Cuando sean resueltos, y muy probablemente con un fallo
desestimatorio con los mismos argumentos de la sentencia hecha
público ayer, «el derribo de esos 67 apartamentos estará más
cerca», dijo March, que estuvo acompañado en la rueda de prensa por
el presidente del GOB, Macià Blázquez, y los nacionalistas Pere
Sampol y Antoni Alorda.
Los dirigentes del GOB y del PSM recordaron que ses Covetes es
un pequeño y tradicional núcleo de población situado entre es Trenc
y s'Arenal de Sa Rápita, que hace 10 años se vio alterado por el
inicio de la construcción de esos 67 apartamentos justo delante de
la playa de es Trenc. La sentencia del Supremo incide en las
resoluciones judiciales de la antigua Audiencia Territorial de
Palma, así como del TSJB en la que se resolvieron varios recursos y
que concluyeron declarando que «los terrenos de los recurrentes no
eran suelo urbano».
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