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C. VENY
La medida urbanística decretada por el alcalde de Manacor, Antoni Pastor, sobre la suspensión de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición en todo el área que limita la fábrica de Majórica fue aprobada ayer por el pleno, pese a que generó todo tipo de críticas. El objetivo de esta medida, según expuso el equipo de gobierno, es paralizar la entrada de licencias de obra y la especulación y, además, permitirá que «se conserve el patrimonio de todos los trabajadores».

La voz más crítica vino del ex alcalde, Miquel Riera (ALM-UM), quien calificó el decreto de Alcaldía de «ilegal» y de no tener validez jurídica porque las competencias para decretar suspensión «corresponden al pleno y no a un decreto de Alcaldía, hecho de una manera unilateral». ALM-UM también presentó una enmienda, a la que se sumaron PSOE y PSM, reclamando al gobierno municipal posponer cualquier decisión de suspensión de licencias «hasta que no se aclare su situación legal». Asimismo, instaron al Ajuntament a realizar las gestiones oportunas ante la Agencia Tributaria para saber el estado actual de los bienes inmuebles de Majórica y también «si existen procedimientos abiertos de embargo a la empresa».

La oposición también reclamó la convocatoria de una junta de portavoces para consensuar las medidas a adoptar en relación a la situación patrimonial de la empresa perlera y el alcalde se comprometió a convocarla. A pesar de las críticas, la medida cautelar adoptada por el alcalde por un plazo de 4 meses y prorrogable por espacio de un año, prosperó con los votos del pacto y la abstención de los grupos de la oposición.