El GOB recurrirá a los tribunales si es preciso para conseguir que
se archive la denuncia interpuesta contra la asociación por la
Delegación del Gobierno en Balears a raíz de la protesta que
llevaron a cabo los ecologistas contra la regeneración artificial
de la playa de Can Picafort. La organización ecologista emitió ayer
un comunicado en el que asegura que el procedimiento de sanción se
ha instruido «con una buena dosis de mala fe», y ha solicitado ya
por la vía administrativa la retirada de la multa de 11.697 euros
(casi dos millones de pesetas) que les ha sido impuesta a varios
miembros del GOB por «alterar la seguridad colectiva u originar
desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos».
Por su parte, la Delegación del Gobierno no ofreció ayer ninguna
confirmación oficial sobre el expediente sancionador. Los hechos
que han dado lugar a la sanción de la Delegación del Gobierno se
produjeron el pasado día 25 de abril, cuando doce miembros del Grup
Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa se encadenaron a
las máquinas pesadas que realizaban los trabajos de regeneración de
la playa. El motivo de la protesta era denunciar públicamente el
elevado impacto ambiental que tiene la regeneración artificial y lo
poco que perdura en el tiempo este sistema de mantenimiento de las
playas.
En el caso concreto de las obras del Ministerio de Medio
Ambiente en Can Picafort, el GOB denunció además ante la
Conselleria de Medio Ambiente y la Comisión Europea la inexistencia
de los informes ambientales necesarios para las actuaciones de
regeneración dentro de una zona calificada como Lugar de Interés
Comunitario. Desde el GOB se afirma que la protesta fue pacífica y
finalizó en cuanto lo pidieron las autoridades, sin que se
produjeran daños ni pérdidas materiales. Sin embargo y según la
versión del GOB, la Delegación del Gobierno se basa para multar a
los ecologistas en un informe que solicitó a la Demarcación de
Costas, y en el que se señala que la acción de protesta paralizó
los trabajos del barco que regeneraba la playa durante cinco horas,
un parón que provocó perjuicios económicos por valor de 9.747
euros.
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